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El listado supera ampliamente a los 300.000 niños. Ellos tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes que los coloca en la categoría de riesgo. El rango etario va desde los 3 a los 18 años. Sus padres, nucleados bajo la organización Vacuna Me Chicos, pese a las novedades anunciadas sobre la vacuna Moderna que podrá aplicarse en menores de edad, continúan con el reclamo por via judicial para que se adquiera Pfizer.
Decidieron acudir a la Justicia “porque ante las promesas somos prudentes y no vamos a cesar el reclamo”, señalaron a Clarín. Con cuatro amparos presentados, preparan más de una decena de reclamos buscando que la Justicia obligue al Estado a aplicar dichas dosis.
Por diversos motivos, la adquisición de vacunas por parte del Estado argentino terminó judicializada. En el fuero federal se investiga desde el retraso de AstraZeneca en la entrega de las dosis que se pagaron en un 65% de manera anticipada, en otro juzgado se busca determinar porqué pese a un ofrecimiento de 13 millones de vacunas, con prioridad de entrega, y tras 26 reuniones, el Gobierno no logró acordar con Pfizer. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, denunció hechos de corrupción y se busca desentrañar si fue así.
En ese contexto, el fuero contencioso administrativo en Capital Federal, como la justicia federal en provincia de Buenos Aires, no quedaron exentos. Allí se presentaron un conjunto de amparos a través de la organización Vacuna Me Chicos en Riesgo, que busca que el Gobierno compre la vacuna Pfizer y arme previamente, un registro de los niños que padecen enfermedades de riesgo.
El anuncio de este viernes es esperanzador para muchas familias: Argentina comenzará a vacunar la semana que viene con Moderna a chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo, luego de la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Sin embargo, desde Vacuna Me Chicos en Riesgo, se muestran “prudentes ante las novedades, porque aún falta una autorización legal de nuestro propio país”. No desistirán de la judicialización de su reclamo.
A mediados del año pasado, el laboratorio estadounidense Pfizer había garantizado a la prioridad a nuestro país para la entrega de dosis, siendo que hubo más de 6.000 voluntarios argentinos en sus ensayos clínicos. Pfizer firmó acuerdos en 116 países, pero Argentina junto a Cuba, Venezuela, Guatemala y Nicaragua, integraron la lista de los que no acordaron. Un DNU fue el camino para revertir la situación.
Sin acordar en el Congreso el cambio de la ley de vacunación -de la cual había que sacar la palabra “negligencia” para evitar la litigiosidad en caso de resultados adversos tras la inoculación- el presidente Alberto Fernández decidió hacerlo a través de un DNU, que también abre la puerta a otros laboratorios como Johnson & Johnson y Moderna.
El 3 de julio se publicó en el Boletín Oficial el Decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que modificó la Ley de Vacunas eliminando la palabra “negligencia” que parecía ser el gran impedimento para avanzar en las negociaciones. Desde aquel anuncio, no hubo más novedades por parte del Gobierno respecto a si se logró firmar un acuerdo con el laboratorio estadounidense o no.
Frente al retraso, los padres de la organización Vacuna Me remitieron Cartas Documento a la ministra de Salud, Carla Vizzotti reclamando la creación de un registro para los más de 300 mil niños menores de 18 años, que sufren alguna comorbilidad y que se avance en la compra de la vacuna Pfizer, admitida mundialmente para inocular a menores de edad.
Sin respuesta a esos pedidos, con varios abogados integrando el grupo que se organizó con el único fin de conseguir vacunas para sus hijos e hijas, decidieron dar un paso más y acudir a la justicia.
Así, según explicó a Clarín el abogado Francisco Da Giau, hay cuatro amparos presentados: “uno en Río Negro, otro en La Pampa, bajos los mismos términos en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal”. En ese mismo sentido, explicó que pese al anuncio sobre el laboratorio Modera que ya envió 3,5 millones de vacunas a nuestro país, “somos optimistas pero prudentes, para que se aplique en Argentina falta la autorización legal. Y hasta que no esté la vacuna colocada en el brazo de los chicos, no vamos a dejar de accionar en la justicia”.
“Exhortamos al Gobierno a resolver hoy el arribo de un lote de dosis suficientes para vacunar a los menores en riesgo”, sostiene el último comunicado remitido por la organización. Asimismo, pidieron a la dirigencia política “entender de una vez la gravedad de la crisis humanitaria que viven nuestros hijos”.
Frente a la situación, los abogados decidieron accionar de manera individual. En primer término solicitaron la habilitación de la feria judicial. Una vez respondido el planteo, ya preparan más de diez amparos que tienen el mismo objetivo: que la justicia obligue al Gobierno a comprar vacunas priorizando a los niños en riesgo.
A criterio de los abogados que son parte de Vacuna Me, la mejor estrategia yendo por vía judicial, es que los amparos sean presentados en diferentes jurisdicciones ya que la red es federal. Consideran que el impacto será mayor y que así, obtienen mayores posibilidades de obtener una respuesta por parte de la justicia.
Además, no descartan ir a la justicia penal con una denuncia contra el Gobierno aduciendo que en el caso de los niños menores de edad con algún tipo de discapacidad, “Se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad”, explicó el abogado a Clarín. Pero esto continúa bajo análisis.
Fuente Clarin
