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El juez federal mendocino Walter Bento (58) fue procesado este lunes como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.
Además, se le trabó un embargo de más de 327 millones de pesos sobre sus bienes y los de su esposa, Marta Boiza, informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.
El juez estaba imputado por asociación ilícita, cobro de sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito al otorgar favores a presos a cambio de millonarias sumas de dinero.
La medida fue dictada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que Bento (58), titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, fuera acusado en mayo.
Si bien la Justicia solicitó que el procesamiento se haga efectivo con prisión preventiva, la misma no pudo llevarse a cabo porque el magistrado aún tiene fueros.
Por lo tanto, Bento sigue en funciones y hasta tiene competencia electoral, por lo cual sus decisiones son clave para futuro de las legislativas en la provincia.
“En el caso de Bento, el embargo es por la suma de $177.610.000 en tanto en la causa contra su esposa, Boiza, los bienes embargados ascienden a los $149.173.600”, confirmaron a Télam desde los tribunales federales.
Puigdéngolas trabaja junto al fiscal Dante Vega y anteriormente ambos habían ordenado la inhibición de los bienes, propiedades y vehículos tanto de Bento como de su esposa y también imputada y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo.
A principios de julio, el magistrado declaró en la causa y negó conocer o haber participado de la banda. Mencionó que era una causa en la que el fiscal Dante Vega buscaba “falsos testigos arrepentidos” para perjudicarlo.
En un resumen de sus cuatro horas de su declaración por zoom, el juez Bento dijo: “No se probó en ningún momento una entrega de dinero ni un enriquecimiento ilícito, ni un acto de lavado de dinero”.
El juez federal Walter Bento. Foto archivo.
Y, como prueba de que su dinero fue ganado con el trabajo como juez y el de su familia (su esposa y sus dos hijos son funcionarios judiciales también), dijo entonces que contaba con informes contables de profesionales que han examinado su patrimonio y “justifican mis bienes y mis viajes”.
Cómo inició la investigación
Fue luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.
A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.
Hasta ahora, la causa tiene 24 imputados, de los cuales diez fueron detenidos, tres de ellos con prisión domiciliaria.
Para los investigadores Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios, entre ellos el ex despachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado hace un año, hecho del cual surgió la investigación inicial.
La decisión de Puigdéngolas y Vega se conoció a primera hora de este lunes, luego de finalizada la feria judicial, y tras la declaración de Bento a principios de julio, en la que negó las acusaciones.
Mientras tanto, a fin de junio, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aceptó investigar la denuncia contra el juez federal mendocino, pero aún no tomó ninguna decisión sobre su continuidad en el cargo.
Fuente: agencias.
DS
Fuente Clarin
