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El gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil balas de goma y gases lacrimógenos enviadas a Bolivia por la administración del ex presidente Mauricio Macri en el 2019, unos días después de la renuncia de Evo Morales.
El dato se encuentra en la documentación presentada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en la causa que investiga el juez en lo penal económico Javier López Biscayart en una causa por supuesto contrabando.
El ministro de Justicia, Martín Soria, impulsó la causa y dijo que “Macri participó del golpe” y ayudó a reprimir al pueblo boliviano. Al principio, habló de material bélico pero luego bajó a pertrechos antitumultos como balas de goma y gases lacrimógenos, es decir no letales.
Las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el gobierno de Macri: proteger la Embajada argentina en La Paz por parte de un grupo de Los Alacranes de la Gendarmería. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez y el país era un caos de manifestaciones.
El informe de la ANMAC, que depende del Ministerio de Justicia tiene 42 páginas con documentación sobre el tema, informó La Nación. Con fecha 23 de enero y 4 de mayo de 2020 consta la prórroga de las autorizaciones de la salida temporaria del material enviado por el macrismo y con el detalle expreso de las 70 mil municiones calibre 12/70, que son eje central de la acusación.
Tal como publicó Clarín hace dos semanas, el informe coincide con la posición de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien apuntó contra su sucesora, Sabina Frederic, debido a que los Alacranes volvieron en julio del año pasado y el control del armamento con que volvieron corresponde al actual gobierno.
La defensa de la embajada en La Paz “e hizo en conjunto con el gobierno que entraba. Hicimos ayuda humanitaria, cuidamos periodistas ,cuidamos las familias de los argentinos que vivían en Bolivia. Y ahora nos quieren acusar”, afirmó Bullrich, imputada en la causa.
Es decir que la responsabilidad jurídica sobre la salida de los Alacranes y su armamento es de Bullrich y otros macristas y el regreso de Frederic y otros del gobierno del Frente de todos.
Por su parte, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial sumó como imputado en la causa al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, considerado como quien coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos antimotines.
En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional.
El fiscal Navas Rial presentó la ampliación de la acusación ante el juez López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Soria (Justicia), Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.
A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal Navas Rial acusó a Caliba “en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado”.
Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.
El comandante Caliba es el mismo que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno encabezado por Jeanine Áñez.
De la denuncia surge también que, para justificar el presunto desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas “en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
Fuente Clarin
