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Por Javier Martínez-Brocal
Este martes comienza el juicio por malversación de fondos y corrupción de diez acusados en el tribunal de la Santa Sede
Este martes 27 de julio se abre un ‘maxiproceso’ en el Vaticano contra diez acusados. Un proceso que ha sacado a la luz el uso irresponsable de fondos reservados de la Secretaría de Estado Vaticano, y un supuesto plan de cuatro intermediarios para saquearlos.
Parece una película de Woody Allen. Además de un excardenal, entre los personajes hay una misteriosa ‘espía‘, un cómplice que actuó como topo y una garganta profunda. Y por supuesto, todos se declaran inocentes. Un proceso complicado que en el que es fácil perderse, y que previsiblemente será largo y que lleno de sorpresas. Estas son las claves.
En este proceso hay diez acusados. Para distinguirlos podríamos agruparlos en la ‘banda’ de Sloan Avenue,
el cómplice, el equipo del cardenal, quienes hicieron la vista gorda y la ‘espía’.
La ‘banda’ de Sloane Avenue
Enrico Crasso
El tribunal vaticano le acusa de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos por un particular y falsificación de documentos privados.
Desde 1993 y hasta 2020, ha gestionado inversiones de los fondos reservados de la Secretaría de Estado. En torno a 2018 destinó 50 millones de euros del Vaticano a su propio fondo en Malta, llamado Centurion, con el que financió las películas ‘Men in Black 2’ o ‘Rocketman’, sobre Elton John.
Los magistrados sospechan que Enrico Crasso tenía un cómplice en la Secretaría de Estado, Fabrizio Tirabassi, a quien entregaba comisiones ocultas para actuar con libertad.
Cuando en 2012 el empresario angoleño Antonio Mosquito propuso al cardenal Angelo Becciu que el Vaticano invirtiera en una plataforma petrolífera offshore, Enrico Crasso debía valorar la operación.
Crasso pidió ayuda a otro mediador financiero, Raffaele Mincione, experto en inversiones en materias primas, quien concluyó que la propuesta angoleña no daba suficientes garantías. Sin embargo, ofreció al Vaticano una inversión más segura: participar en la propiedad de un edificio en Londres, los antiguos almacenes Harrods en el número 60 de Sloane Avenue.
Raffaele Mincione
Está acusado de malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero. Raffaele Mincione siempre se ha declarado inocente.
Cuando Mincione empezó a negociar con la Secretaría de Estado, la Gendarmería Vaticana les avisó que «no es una persona adecuada para mantener relaciones con la Secretaría de Estado». Pero no hicieron caso.
Raffaele Mincione había comprado en torno a 2011 el edificio de Londres por unos 150 millones de euros. Dos años después propuso al Vaticano el 45% de esta propiedad por 200 millones. Y ocultó que el acuerdo incluía una hipoteca de casi 150 millones de euros.
Era el año 2014. Enrico Crasso valoró muy positivamente el acuerdo, según los magistrados, con intención de engañar. Así, la Secretaría de Estado entró con 200 millones de euros en el fondo de Mincione, Athena Capital Global Opportunities.
«La Secretaría de Estado, sin ninguna evaluación preventiva de la inversión, pagó un precio totalmente desproporcionado con respecto al valor al que se había comprado y vendido el inmueble en los dos años anteriores», denuncian los magistrados.
Pero ese no es el único problema. Solo una parte de esos 200 millones se utilizaron para entregar al Vaticano el 45% de la propiedad del edificio; Mincione utiliza el resto «para inversiones que contrastan con las instrucciones de la Secretaría de Estado».
Pasaron los años y la inversión solo sumaba pérdidas. En torno a 2018 el Vaticano quiere salir del fondo especulativo, y quedarse con el edificio, para no perder todo lo que ha invertido hasta el momento. Aunque los magistrados sospechan que se abandona el fondo porque Mincione dejó de pagar comisiones ocultas a Enrico Crasso y a Fabrizio Tirabassi.
Para «convencer» a Mincione de que vendiera su cuota del edificio al Vaticano, pidieron ayuda a otro protagonista de esta historia, el intermediario italo londinense Gianluigi Torzi.
Gianluigi Torzi
Está acusado de acusado de extorsión, malversación, estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.
Gianluigi Torz – ABC
La Secretaría de Estado buscó la ayuda de Gianluigi Torzi «porque conoce bien a Raffaele Mincione». Efectivamente, Torzi «convenció» a Mincione de que cediera su cuota a cambio de 47 millones de euros. Firmaron el acuerdo el 23 de noviembre de 2018.
Curiosamente, en lugar de pasar el fondo a una empresa controlada por la Secretaría de Estado, aceptaron hacerlo a través de una empresa propiedad de Torzi, quien les había reservado una sorpresa.
Una vez firmado el contrato, el Vaticano descubrió que Torzi se había reservado las únicas acciones con derecho a voto, que por lo tanto le permitían controlar el edificio. Según el fiscal, el funcionario Vaticano Fabrizio Tirabassi actuó como cómplice de esta operación.
Comienza entonces una tercera negociación extenuante para hacerse con el control de la inversión y no perder todo lo que se ha gastado en este edificio. Gianluigi Torzi solicita 23 millones de euros para ceder su cuota.
Entra en la negociación Mauro Carlino, exsecretario del cardenal Angelo Becciu y entre finales de abril y principios de mayo de 2019 consigue rebajarlo a 15 millones. Una negociación que para los fiscales es una auténtica extorsión.
Según el sumario, Torzi y Mincione se pusieron de acuerdo para obtener el mayor beneficio posible del Vaticano. E incluso Torzi habría enviado parte de esos 15 millones a Raffaele Mincione. También a lo largo de la negociación entregó comisiones ocultas a Craso y Tirabassi.
Como el pago de estos 15 millones a Gianluigi Torzi no tenía una justificación jurídica, y no habría pasado desapercibido para la autoridad de control financiero del Vaticano, según el sumario, el supuesto cómplice interno Fabrizio Tirabassi «alteró el documento oficial» del acuerdo del 23 de noviembre de 2018 «añadiendo una especie de reconocimiento de deuda del 3% a favor de Torzi».
Para los magistrados es especialmente grave porque «es un intento de evadir los controles de las autoridades de inteligencia financiera y porque gracias a esta falsedad Gianluigi Torzi pudo engañar incluso a una autoridad judicial» (un tribunal de Londres declaró inocente a Torzi gracias a ese documento).
Torzi fue invitado a un coloquio con los fiscales vaticanos el 5 de junio de 2020, y arrestado al final del interrogatorio. Diez días después fue puesto en libertad tras la presentación de una memoria defensiva y de garantías económicas.
Nicola Squillace
Es un abogado implicado en las negociaciones, acusado de estafa, apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero. Explicó al Vaticano las ventajas del contrato con la sociedad de Gianluigi Torzi, pero omitió el detalle de la pérdida del poder sobre el edificio.
Los magistrados piensan que «Crasso, Tirabassi y Torzi, con la colaboración activa del abogado Nicola Squillace, planearon la operación para mantener el control de la propiedad en Londres, callando, por supuesto, la circunstancia a los superiores de la Secretaría de Estado, que tenían que firmar los acuerdos».
Torzi ordenó a la empresa que controlaba el edificio que pagase 263.000 euros al abogado Squillace, por un informe que el Vaticano no había solicitado.
El cómplice
Fabrizio Tirabassi
Nada habría sido posible sin la colaboración del secretario de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado. Está acusado de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones.
Los fiscales han cruzado fechas, chats y viajes e hipotizan que Enrico Crasso y Fabrizio Tirabassi recibieron dinero en efectivo de Gianluigi Torzi a cambio de las operaciones que promovieron.
Torzi asegura que para hacerse con la gestión de la propiedad en Londres, tuvo que «pagar el 50% de lo recaudado a Fabrizio Tirabassi».
Quienes hicieron la vista gorda
René Brülhart
El ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF,) está acusado de abuso de funciones, pues no tomó medidas para detener el pago no justificado de 15 millones de euros a Gianluigi Torzi.
Para los magistrados, la AIF «descuidó las anomalías de la operación de Londres (de las que había sido inmediatamente informada)».
Brülhart dice que se trata de «un error de juicio» que será aclarado y que siempre ha cumplido sus «funciones y obligaciones con corrección, lealtad y en interés exclusivo de la Santa Sede y de los órganos que la representan».
Tommaso Di Ruzza
En el momento de los hechos que se le imputan, director de la AIF, acusado de malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio.
Tommaso Di Ruzza – ABC
Le acusan de actuar como asesor de la Secretaría de Estado «en el proceso de liquidación de los créditos de Gianluigi Torzi».
Su culpa es «atribuir una credibilidad» a ese pago de 15 millones de euros «que todos -nadie excluido- sabían que no era debido, hasta el punto de recurrir a la creación de reconocimientos de deuda póstumos, y a facturas de operaciones inexistentes, contribuyendo así de forma decisiva a la realización del pago de la suma solicitada como extorsión por Gianluigi Torzi».
La garganta profunda
Monseñor Alberto Perlasca
De principal acusado, pasó a ser la pieza clave para desenmascarar el fraude. El entonces jefe de la oficina que se ocupaba de las inversiones de la Secretaría de Estado, y firmante del «Contrato de Compraventa de Acciones con Torzi» del 23 de noviembre de 2018, ha desvelado la trama a los fiscales.
El sacerdote negoció con Crasso, Mincione y Torzi, y aceptó sus ofertas. Pero no recibió ninguna comisión oculta. Acompañado por Fabrizio Tirabassi, él comunicó al secretario de Estado Pietro Parolin y al Sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, que Torzi les había engañado y se había quedado con el control del edificio. Entonces fue destituido.
Lo sustituyó el sacerdote Mauro Carlino, que había sido secretario de Angelo Becciu y que ahora era el brazo derecho del nuevo número 3 del Vaticano, Edgar Peña Parra.
El cardenal y su secretario
Monseñor Mauro Carlino
Fue secretario de Angelo Becciu, durante los años en los que el excardenal era Sustituto de la Secretaría de Estado. Desde enero de 2019 se ocupó de la negociación para conseguir la salida de Gianluigi Torzi. Se le acusa de conspiración para cometer extorsión y de abuso de funciones.
Según los magistrados, «aunque era consciente de la absoluta ilegalidad de las exigencias de Gianluigi Torzi, le ayudó a realizar su plan», encontrando un modo (ilegal) de pagarle los 15 millones de euros. El problema es que los motivos para el pago de 15 millones a Gianluigi Torzi eran «completamente falsos».
Cardenal Angelo Becciu
Al ex número 3 del Vaticano se le acusa de malversación de fondos, abuso de poder y obstrucción de la justicia por incitar a funcionarios subordinados a declarar falso testimonio.
Los magistrados quieren preguntarle por qué autorizó la inversión de 200 millones de euros en el fondo ATHENA de Raffaele Mincione «sin un mínimo de garantías y sin ningún control para evitar que las donaciones de fieles destinadas a obras de caridad se utilizaran para financiar temerarias operaciones especulativas». Lo consideran «un acto abusivo al que el Sustituto dio su consentimiento decisivo».
Cardenal Angelo Becciu – ABC
En el verano de 2018, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y unos meses más tarde lo hizo cardenal. Lo sustituyó en la Secretaría de Estado el venezolano Edgar Peña Parra.
En el sumario, los magistrados explican que Angelo Becciu habría intentado «interferir» y «despistar» las investigaciones a finales de mayo de 2020. Unos días antes del interrogatorio a Gianluigi Torzi, surgieron a la vez dos ofertas para comprar el edificio de Londres. Según los magistrados, estas dos ofertas fantasma «habían sido promovidas por Angelo Becciu» y «ambas procedían de de Gianluigi Torzi y Raffaele Mincione, los dos principales protagonistas del intento de saqueo de las finanzas del Estado»..
Alberto Perlasca asegura que Angelo Becciu le presionó para que retirase sus acusaciones. Por ejemplo, le insinuó que el juicio no se celebraría nunca, y pidió a su obispo que le convenciera de retractarse, porque si no habría sido «condenado a una pena de al menos seis meses» por difamación.
Este monseñor asegura que Becciu ordenó una transferencia de 100 mil euros para una cooperativa social de Cerdeña. El donativo se hizo a través de Cáritas para supuestas «Obras de Caridad del Santo Padre». En realidad se dirigía a la cooperativa Spes que dirige Antonino Becciu, hermano del excardenal. Según los magistrados «las donaciones habrían sido ampliamente utilizadas para fines distintos a los benéficos a las que estaban destinadas». Tanto es así que una parte se habría utilizado como préstamo a una sobrina del purpurado.
El 24 de septiembre de 2020, Francisco le pidió que renunciara a las prerrogativas del cardenalato. El cardenal Becciu dice que es «víctima de una maquinación».
La falsa ‘espía’
Cecilia Marogna
Esta mujer se presentó en el Vaticano como miembro de los servicios secretos italianos con experiencia en resolución de secuestros, alegando que tenía contactos en el grupo terrorista Al-Qaida. Becciu le cree y Marogna recibe 575.000 euros de la Secretaría de Estado, para llevar a cabo supuestas acciones de inteligencia y liberar a misioneros secuestrados. Está acusada de malversación.
Cecilia Marogna – ABC
El Vaticano ha reconstruido que el dinero que le pagó no fue utilizado para intermediar en rescates, sino para comprarse objetos de lujo de las marcas Prada, Montblanc, Louis Vuitton y Maxmara.
No tiene nada que ver con la trama del edificio de Londres, pero sí con la superficialidad con que se usaron algunos fondos.
Asegura que envió un correo electrónico para presentarse y que Angelo Becciu la recibió y creyó que trabajaba en mediación de secuestros en África.
El sucesor
Edgar Peña Parra
Edgar Peña Parra, sustituto de Angelo Becciu como número 3 del Vaticano – EFE
Sustituye a Angelo Becciu como número 3 del Vaticano. Llegó a Roma en octubre de 2018, cuando ya estaba en marcha la operación para salir del fondo ATHENA de Mincione.
Naturalmente, dio continuidad a las decisiones sobre las inversiones que se encontró encima de la mesa. Los magistrados vaticanos dudan que fuera «efectivamente informado» ni que fuera «plenamente consciente de los efectos jurídicos» de las autorizaciones que concedió en estas operaciones.
Consecuencias de este caso
El Papa ya ha retirado a la Secretaría de Estado la gestión de los fondos reservados y del óbolo de San Pedro. Se ha convertido en un departamento sin portfolio propio.
El tribunal que los juzgará
Giuseppe Pignatone
El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano fue Fiscal Nacional Antimafia, en Italia, y es editorialista del periódico ‘La Repubblica’.
En el tribunal están también Venerando Marano, experto en Jurisprudencia; y Carlo Bonzano, experto en Derecho Procesal.
Los fiscales
Gian Piero Milano
Fiscal general del Vaticano. Ha guiado los dos procesos Vatileaks 1 y Vatileaks 2, de filtración de material reservado de la Santa Sede.
Alessandro Diddi
Fiscal Adjunto, experto penalista.
Gianluca Perone
Fiscal aplicado, experto en Derecho comercial.
Las empresas implicadas
HP Finance LLC, de Enrico Crasso, por estafa.
Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O.,de Cecilia Marogna, por malversación.
Prestige Family Office SA, de Enrico Crasso, por estafa.
Sogenel Capital Investment, de Enrico Crasso, por estafa.
Lista de delitos
Fraude
Malversación de fondos
Abuso de funciones
Apropiación indebida
Blanqueo de dinero y autoreciclaje
Corrupción
Extorsión
Publicación de documentos amparados por el secreto
Falsificación material de escrituras públicas
Falsificación en escritura privada
Fuente ABC.es
