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Senadores del oficialismo y la oposición se cruzaron con dureza en la comisión de Acuerdos, cuando trataban el pliego de la jueza María Guadalupe Vásquez, postulante para la Sala B de la Cámara Comercial, que debe decidir si confirma o no la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri.
Fue la pregunta del senador de Juntos por el Cambio, Julio Martínez, la que desató el escándalo. La magistrada terminó siendo liberada de contestar y se desconectó.
“Quisiera saber su opinión técnica si en un caso un deudor ofrece el 100% del crédito reconocido y si el acreedor se niega a eso, si el juez puede homologar eso”, planteó el radical Martínez.
Rápido salió el senador cristinista, Oscar Parrilli. “Quiero pedir que retire esa pregunta que soslaya una averiguación casi de Inteligencia. Le está preguntando si es macrista o no es macrista y si apoya la solución que Correo Argentino le propuso a sus acreedores. Es una pregunta desubicada, persecutoria”, se quejó.
Acto seguido, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, le pidió a la magistrada que no conteste.
“Nunca se han hecho este tipo de preguntas en esta comisión, sobre lo que pueda actuar en determinado caso una magistrada propuesta. Le pido que no conteste la pregunta con intencionalidad de defensa solapada”, planteó Mayans.
Martínez ya le había consultado a la letrada si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín – ligada a la causa Correo- y con la procuradora del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó.
Vásquez desmintió haber trabajado con Boquín y aseguró que trabajó con Carbó “entre las numerosas personas” con las que trabajó.
Pero aseguró que ratificaba esa última pregunta, lo que desató un fuerte cruce con Parrilli.
“Tenía razón el relator de Naciones Unidas Diego García Sayan cuando en su informe decía que el gobierno de (Mauricio) Macri había tenido un plan de amedrentamiento y persecución contra jueces y fiscales, que tenía una mesa judicial. Lo dicho por Martínez da cuenta cabal de la actitud de tener jueces adictos comprometidos con sus causas personales, ratifica lo más funesto de esa gestión”, disparó el oficialista.
“No acepto esos dichos de parte de gente de un gobierno que tiene en marcha la agenda de venganza e impunidad y que tiene bicamerales para hostigar al procurador (Eduardo) Casal y a jueces y fiscales”, retrucó Martínez.
Por su parte, el senador oficialista Mario Pais advirtió que esto podía implicar que la magistrada sea recusada por prejuzgamiento por emitir opinión.
El episodio terminó con la decisión del vicepresidente de la comisión Ernesto Martínez (PRO) que condujo la reunión en reemplazo de la camporista Anabel Fernández Sagasti.
“Lo va a decidir la presidencia. Habiendo hecho catarsis sobre cuestiones políticas anteriores y del momento la doctora Vásquez queda desocupada. Oportunamente la comisión emitirá despacho y se lo comunicará por secretaría”, sentenció.
La polémica por el pliego tiene larga data.
El concurso para cubrir ese cargo se inició en 2016, pero recién en 2019 se elevó la terna de candidatos para ocupar esa vacante. Los propuestos, inicialmente, fueron Javier Cosentino, Sebastián Sánchez Cannavó y Fernando D’Alessandro. Se formuló una lista complementaria también, en la que como cuarto candidato figuraba Hernán Papa y quinta María Guadalupe Vásquez.
Pero en enero de este año, a raíz de un cambio del sistema motorizado por los consejeros oficialistas para aplicar un cupo de género, Vásquez pasó a ocupar el tercer lugar detrás de Sánchez Cannavó y D’Alessandro como los mejores puntuados.
La oposición señala que fue el único concurso en el que se aplicó la nueva norma de cupo de género de manera retroactiva.
Fuente Clarin
