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Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y autoridades de Gendarmería se encuentran bajo investigación por presunto contrabando agravado por el envío de material antidisturbios a Bolivia. La causa avanzó durante la feria judicial que concluyó el viernes, y de todos los organismos del Estado requeridos para enviar información, la cancillería a cargo de Felipe Solá es el único que no respondió. Como contó Clarín, en un manifiesto de la Fuerza Aérea se detalló que en la carga de equipamiento enviado a La Paz en noviembre de 2019 no estaban declarados 70.000 cartuchos.
Este lunes hubo otra noticia: el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, que había iniciado la investigación, se apartó, y será reemplazado por su colega Alejandro Catania. López Biscayart abandonó el expediente porque existía una denuncia similar a la que él tomó, y que había ingresado a tribunales con diferencia de minutos. Por lo tanto, avanzará con la causa el juez que salió sorteado para atender la primera denuncia.
En la resolución a la que accedió Clarín, el juez aclaró que “la denuncia que motivó la formación del expediente 721/2021 fue recibida en el correo electrónico oficial de la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio de 2021 a las 13:57 y asignada al Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4 el 13 de julio a las 7:48; mientras que la que motivó la formación del expediente 722/2021, fue recibida en la casilla del correo electrónico oficial de la Mesa de Entradas del Fuero el 12 de julio de 2021, a las 16:27, para ser asignada a este Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 9 el 13 de julio a las 8:01”. Po
Cuando abrió la investigación, López Biscayart pidió documentación a diferentes áreas del gobierno, cuya denuncia inició la causa. Se les había pedido que aporten “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019”.
Todos los organismos respondieron en tiempo y forma, menos el Ministerio de Relaciones Exteriores.
López Biscayart había requerido que responda -con respaldo documental- “si en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, durante noviembre de 2019, se registró el ingreso informático de un sobre cerrado proveniente de la Fuerza Aérea Boliviana destinado al entonces embajador Dr. Normando Álvarez García”.
Al respecto, se pidió a Cancillería que informe si esa correspondencia quedó asentada en el sistema interno de archivo de la Embajada. También que se detalle si hubo requerimientos de seguridad o protección por parte de las autoridades de la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia durante el año 2019.
Por otro lado, la Cancillería debe entregar al juez López Biscayart el registro de todas las cartas o comunicaciones recibidas de la Embajada Argentina en Bolivia durante octubre y noviembre de 2019, “debiendo consignarse los datos de cada documento, fecha de ingreso, si se consignó el detalle cuál fue, aportar el original de cada uno de ellos o bien informar el destino dado a los documentos. En caso de tratarse de documentos secretos, deberá ser remitido a esta sede en sobre cerrado”.
La cartera que dirige Solá también debe responder y entregar los datos de las personas que se encontraban destinadas a cumplir funciones en la Embajada Argentina en La Paz en noviembre de 2019. “Se deberán detallar nombres, apellidos, números de documento nacional de identidad, domicilios en Argentina, teléfonos y, en caso de encontrarse afectados al servicio en el exterior del país, se informe el lugar actual de residencia y datos de contacto. En todos los casos, se deberán detallar las funciones asignadas”, sostiene el oficio.
Hasta ahora, llamó la atención en sede judicial que “ni siquiera se haya informado por parte de la Cancillería el retraso en la entrega de la documentación requerida”.
La denuncia fue presentada el 12 de julio, y fue el fiscal Claudio Navas Rial quien impulsó el caso. En su dictamen pidió “investigar a ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino”.
Los denunciantes fueron los ministros de Justicia y Seguridad, Martín Soria y Sabina Frederic, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que se investigue a Macri y a sus ex funcionarios por el “envío irregular de armamento y municiones” a Bolivia “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
Según la denuncia, hay inconsistencias entre lo declarado y lo recepcionado en las primeras semanas de noviembre del 2019, transportado en un avión Hércules que salió del aeropuerto de El Palomar con un grupo de once efectivos del grupo especial Alacrán de la Gendarmería.
Además de Macri y los ex ministros, en la causa están bajo investigación Normando Álvarez García, ex embajador en Bolivia; Jorge Dávila, ex director General de Aduanas; y Eugenio Cozzi, ex director Ejecutivo de la ANMaC -el ex RENAR, el organismo que autorizó el envío del material.
La causa, que entusiasmó al oficialismo, tuvo un giro inesperado la semana pasada, cuando se supo que el gobierno de Alberto Fernández extendió dos veces la autorización temporaria de las 70 mil balas de goma y gases lacrimógenos enviadas a Bolivia por Macri en 2019.
Según la documentación presentada ante López Biscayart por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), las renovaciones de las autorizaciones se realizaron en enero y mayo de 2020, bajo el mismo argumento inicial que dio el gobierno de Macri: proteger la Embajada argentina en La Paz por parte de un grupo de Los Alacranes de la Gendarmería. Por entonces, en Bolivia todavía gobernaba Jeanine Áñez y el país era un caos de manifestaciones.
Fuente Clarin
