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Carlos Zannini apeló la decisión del pasado 14 de julio a través de la cual la jueza comercial Marta Cirulli dejó en suspenso la quiebra del Correo Argentino SA, cuya firma controlante es Sociedades Macri (SOCMA). El Procurador del Tesoro pidió la quiebra de la compañía, dijo que en el presente “no tiene ninguna posibilidad de retomar sus actividades” y habló de una “situación ruinosa”.
Mauricio Macri insiste en que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner– responde a una “venganza” y “persecución política” del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él y sus hijos. En su apelación, Zannini se refirió a un “proceso que viene durando 20 años” y que “no admite dilaciones mayores, dentro de un procedimiento de orden público que consumió largamente todas sus etapas”.
El caso radicado en la justicia comercial quedó atravesado por la política. Incluso el Procurador del Tesoro anticipó que solicitará que la quiebra sea extensiva a SOCMA, el imperio construido por Franco Macri y que es la controlante del Correo Argentino SA.
En el expediente se denunció que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago “abusivo”, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal que intervino en la quiebra, Gabriela Boquín, rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa y abusiva” ya que iba a perjudicar “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Parala fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.
Para evitar la quiebra, la empresa había ofrecido al Estado -su principal acreedor- un pago total de 1.000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. El Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, y le reclama una cifra superior a los 4.500 millones de pesos.
En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, “no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada. Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.
Con la quiebra decretada, la empresa apeló la medida y el 14 de julio consiguió que sea concedido el reclamo con efecto suspensivo. En aquella ocasión, el Correo reiteró un argumento ya planteado y es que el Estado se “apropió de los activos de la compañía” durante el gobierno de Néstor Kirchner, y así dejó un pasivo que terminó judicializado. Los abogados del Correo indicaron que aquella sentencia “exhibe insalvables defectos” y que es “innegable la absoluta revisión que merece tal decisión”.
Ahora ese reclamo -al que este martes se opuso Zannini- será resuelto por la Sala B del mismo fuero. Mientras tanto, las medidas dispuestas por la magistrada quedaron por el momento sin efecto: se había ordenado una inhibición general de bienes sobre la firma postal, que debía entregar a la justicia un informe con el detalles todos los bienes registrados en carácter de titular como aquellos que hayan estado registrados a su nombre en los dos años anteriores.
En un escrito al que accedió Clarín, Zannini sostuvo que conceder el efecto suspensivo “es permitir y tolerar nuevas demoras y dilaciones del trámite concursal”, que -recordó- lleva “veinte años habiendo agotado ya todas las instancias”.
El Procurador del Tesoro señaló que se otorgó al empresa de la familia Macri “por una vía elíptica lo mismo que se afirmó categóricamente que no podía permitirse”. En este punto recordó que la magistrada fue quien señaló que la empresa no tiene curso comercial, que cuenta con un enorme pasivo, considerando además “que se encuentra intervenida judicialmente”.
Por esos motivos, para Zannini la decisión de la jueza responde a una “contradicción insalvable que exhibe una evidente causal de arbitrariedad que exige la revocación”, de lo dispuesto, es decir de la suspensión de la quiebra.
Cuando pidieron que sea revisada la decisión de la quiebra, los abogados del grupo Socma se refirieron al rol de Zannini durante el proceso. “El representante del Estado Nacional, a las horas de dictada la sentencia de quiebra, declaró ante los medios que el objetivo real de la actitud asumida por el Estado Nacional en el proceso ha sido (y es) perseguir una ‘extensión de quiebra’ a las accionistas, demostrando un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada con fines extraconcursales”.
Fuente Clarin
