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El bloque de transportistas en los puertos de Bahía Blanca y Quequén-Necochea fue levantado este miércoles por la tarde, tras gestiones políticas que convencieron a los manifestantes de abrir una mesa de negociaciones, para tratar sus reclamos por un aumento de tarifas y en contra de algunas exigencias técnicas a la actividad.
Durante la mañana, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) había denunciado “la ilegalidad de los bloqueos y los atentados contra vehículos con granos en este puerto de Bahía Blanca por parte de ‘transportistas autoconvocados’, sin personería jurídica, que con el uso de la violencia impulsa reclamos ajenos a la exportación, en una maniobra extorsiva”.
Horas después, voceros de la Provincia dijeron que “la Provincia de Buenos Aires garantizó la libre circulación en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca”. Argumentaron que “en cada uno de los puntos donde hubo una mínima adhesión al reclamo, se logró garantizar el derecho a circular con la presencia de agentes del ministerio de Seguridad provincial”.
Respecto de los ataques a otros transportistas indicaron que “actúa de oficio la Justicia, porque no los atraparan in fraganti” a los autores de ese delito.
Y aseguraron que ante los reclamos realizados por los transportistas, la Provincia solicitó a la Nación que revea la normativa sobre la relación peso-potencia, que entraría en vigencia en diciembre de 2022 y dejaría inhabilitados a unos 3.000 camiones más antiguos, que son más livianos y suelen transportar mayor volumen de carga.
Los transportistas piden más plazo para renovar esas unidades, y habrían conseguido el apoyo de políticos oficialistas para demorar la implementación de la ley sancionada en mayo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Confían que las autoridades nacionales revisarían ese tema.
Oros aspectos reclamados son los costos de la homologación y al valor de la Revisión Técnica Obligatoria, exigencias que buscan reducir en términos de costos.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) también solicitó a las autoridades la “urgente solución al bloqueo llevado a cabo por transportistas autoconvocados en Bahía Blanca, que impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias, al imposibilitar que otros camioneros puedan acceder legítimamente a dejar sus cargas en las mismas, mediante diferentes acciones coercitivas”.
Reclamo de la agroindustria
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) también solicitó a las autoridades la “urgente solución al bloqueo llevado a cabo por transportistas autoconvocados en Bahía Blanca, que impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias, al imposibilitar que otros camioneros puedan acceder legítimamente a dejar sus cargas en las mismas, mediante diferentes acciones coercitivas”.
La mayor actividad de los puertos de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca y Necochea, es consecuencia de la emergencia hídrica del río Paraná, lo que ha aumentado los costos logísticos en un 300% y producido importantes demoras por el desvío de carga desde el Gran Rosario hacia los puertos bonaerenses.
“Es absolutamente ilegal”, aseguró Gustavo Idígoras, presidente de CIARA y CEC. Describió que el bloqueo sumó en cinco días “11.000 los camiones que no ingresaron a puerto y que se contabilizan como perdidos, hay 40 buques esperando para cargar 1.200.000 de toneladas de maíz, trigo y harina de soja, entre otros”.
Y recalcó que “además de perder previsibilidad como exportador, el Estado argentino pierde 400 millones de dólares en divisas por esta situación anárquica”.
El gerente general de la CPPC, Martín Brindici, dijo este miércoles que la situación se había vuelto “insostenible”. Y recordó que “esta actividad es fundamental para el ingreso de divisas a nuestro país, que se ve interrumpido por medidas de esta índole, exponiendo también a la Argentina al incumplimiento de contratos con el exterior”.
Fuente Clarin
