La Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay le negó el pedido de refugio politico a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex asesor judicial macrista que se encuentra en el país vecino y cuya extradición pide la jueza María Romilda Servini.
La magistrada lo acusó de querer perjudicar al grupo del empresario kirchnerista Cristobal López
El rechazo de la CORE al pedido de refugio pedido por Rodríguez Simón -quien argumentó ser un perseguido político en la Argentina- se produjo hace una semana y lo mantuvieron bajo estricto secreto.
Fabián Rodríguez Simón, en el Parlasur.
La decisión no ha sido oficializada pero Clarín pudo confirmarlo de fuentes judiciales.
Fue tomada en realidad la semana pasada antes de que se cumplieran los 90 dias de plazo para el pronunciamiento de la Comisión sobre el refugio. La CORE está integrada por la Cancillería uruguaya y diversos organismos, como el ACNUR
Ahora, la justicia uruguaya debe abocarse al pedido de extradición que en su momento había hecho Servini.
En el exhorto enviado en la tarde de este miércoles a Uruguay se explicita la decisión de Servini de Cubría sobre la causa “Macri Mauricio y otros s/ Asociación ilícita: Qte. Carlos Fabián de Sousa y otro”, en la que en solicita “la inmediata detención preventiva y extradición de Fabián Jorge Rodríguez Simón”, quien la semana pasada arriesgó con una estrategia judicial que falló evitar ser detenido. Argentina y Uruguay tienen tratado de extradición, y esta no sería su primera implementación.
Lo acusa de “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”. La denuncia la presentó Fabián de Sousa, el empresario que ayudó a Cristobal López a construir el Grupo.
Y se investiga si “habrían importado casos de corrupción” con “abuso funcional y desvío de intereses” para producir “perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)”.
Visita al embajador
En mayo pasado, el ministro de Educación de Uruguay, Pablo da Silveira, quien también tiene a su cargo la Secretaría de Justicia, visitó al embajador argentino en Montevideo, Alberto Iribarne, para comunicarle que la administración de Luis Lacalle Pou se declaraba “prescindente” del caso y que no demoraría los pedidos de la justicia argentina.
En Montevideo no hay ánimos de mezclar las tensiones políticas con el gobierno de Alberto Fernández por sus diferencias sobre el futuro del Mercosur.
Igualmente, todo el proceso viene cumpliendo sus plazos. Se dice que la justicia uruguaya puede demorar hasta dos años en cumplir con el exhorto de Servini. Pero ello podria acelerarse.
Rodríguez Simón entró el 8 de diciembre pasado a Uruguay, vía Fray Bentos. Inició los trámites de ciudadanía y cuando se vio acorralado, pidió el refugio político que ahora le fue denegado. Luego presentó dos habeas corpus que le fue fueron rechazados. Sostuvo ser víctima de una persecución política y que la justicia argentina busca detenerlo de forma arbitraria.
Entre tanto, el Parlasur, donde Simón Rodriguez es parlamentario en la bancada macrista, analiza su expulsión.
Fuente Clarin
