La Justicia frena el megaproyecto de IRSA en Costanera Sur

Eduardo Elsztain, dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA, está acostumbrado a tratar con vecinos que se oponen a sus proyectos. A veces, logra sacar sus emprendimientos adelante, como sucedió con el Centro Comercial Los Arcos. Y otras, decide darlos de baja, como el shopping que pensaba levantar en Caballito.

Hace un mes anunció un nuevo proyecto, el mayor hasta ahora de la empresa: Costa Urbana, en lo que fuera la Ciudad Deportiva de Boca en Costanera Sur, con una inversión de US$ 1.800 millones. Y la Justicia acaba de ponerle un freno momentáneo, a pedido de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Sucede que el desarrollo surge a partir de un acuerdo entre IRSA y la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace casi 30 años IRSA es dueña de los terrenos y busca aprobar distintos proyectos sin éxito.

Ahora acordó con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta la cesión de 67% del predio para construir un parque público, más aportes a fondos de innovación y de desarrollo urbano por un equivalente a US$ 250 millones. Según IRSA, el parque, que tendrá 35 hectáreas, equivale a cinco veces la superficie del Parque Lezama.

Pero para arrancar, el acuerdo necesita ser refrendado por la Legislatura porteña. Y la Asociación Civil presentó un amparo contra el gobierno y la legislatura para que se suspenda la votación hasta que se realice una audiencia pública.

Y el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro 22 decidió conceder el amparo y suspender el trámite legislativo del convenio entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA hasta tanto el Ejecutivo porteño presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto. El terreno es vecino de la Reserva Ecológica.

El proyecto de ley (N° 1831-J-2021) iba a ser tratado este mismo jueves. La presentación hecha por la Asociación Civil dice que se entiende que cuando nuevas normas de planeamiento urbano ingresan a la Legislatura porteña como proyecto de ley adquieren tratamiento legislativo en forma inmediata, “por lo que es requisito inexorable la convocatoria previa a la audiencia”.

En el fallo, firmado por el juez Guillermo Martin Scheibler asegura que “va de suyo que cuando un convenio urbanístico versa sobre cambios en las normas que rigen extensas parcelas cuya valuación ascendería astronómicamente en caso de aprobarse, también deberían magnificarse en la misma proporción los recaudos de transparencia en cuanto a los estudios y evaluaciones técnicas que lo avalan y las posibilidades de la ciudadanía de informarse y opinar al respecto”.

Desde IRSA, dijeron que se trata de un asunto que involucra al Gobierno y a la Legislatura, y prefirieron no hacer comentarios.

La inversión total prevista para Costa Urbana correrá por cuenta de IRSA y de terceros. El proyecto inmobiliario incluye 6.000 viviendas, oficinas, locales comerciales, escuelas, un sanatorio y un paseo costero de 4,2 kilómetros de acceso público. Se estima que generará 10.000 puestos de trabajo.

NE

Fuente Clarin