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“El Gobierno frenó el aumento de tarifas”. La consigna está en los avisos del oficialismo de cara a la campaña electoral. El congelamiento en las boletas de luz y gas es una de las vigas del Poder Ejecutivo en su propuesta para seducir votantes. Imposibilitado de detener el incremento en el precio de los alimentos, el Frente de Todos exhibe su capacidad de haber protegido el bolsillo en ese terreno.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, es partidario de reducir los subsidios energéticos, lo que desembocará en incrementos de tarifas. Pero sus ideas chocan contra la resistencia de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, y Federico Bernal, el interventor del Enargas (el regulador del gas). Ambos funcionarios prefieren mantener las subvenciones y que las tarifas aumenten poco y nada. Sin embargo, esa resistencia va a afrontar una objeción importante: la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno promete tener algún entendimiento con el FMI para el primer trimestre de 2022. Los técnicos del organismo multilateral entienden que el gasto público necesita un ajuste. “Un tema importante es el de los subsidios energéticos en los cuales se gasta una parte importante de nuestro presupuesto”, reconoció Guzmán hace unos meses. Fue después de haber tratado de forzar la renuncia de Basualdo, sin suerte, ya que el subsecretario de Energía Eléctrica salió fortalecido y hasta conquistó nuevos puestos en el esquema de poder.
“Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro rico. En un país con un 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba ese subsidio. Barrios en donde vive gente de altos ingresos”, sentenció Guzmán. El ministro buscaba una recomposición del 15% en las tarifas de distribución eléctrica (luz) para este año en dos tramos, pero Basualdo decidió un 9% como única recomposición del año. En gas, el incremento fue del 6%.
En el Gobierno circulan informes sobre redireccionamiento de subsidios. Es improbable que eso suceda hasta después de las elecciones generales, en noviembre.
Tras obtener su reelección en 2011, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió “sintonía fina” con los subsidios. Sin embargo, cuando comenzó esa tarea, Fernández de Kirchner percibió una reacción negativa de la opinión pública y se detuvo. Esos mismos temores también están presentes ahora, una década después. La actual vicepresidenta no quiere ver tapas de diarios con títulos como “tarifazo”.
La coalición oficialista llegó al poder destacando que combatiría la inflación (que este año terminará en niveles similares a los de 2018 y 2019), el cierre de Pymes (desde el año pasado también se perdieron tantas como en los últimos dos años del macrismo), la destrucción de empleo, que tampoco pudo revertir. El único contraste significativo que aún puede exhibir está en las tarifas. Se trata de un “trofeo” que Fernández de Kirchner quiere retener a toda costa.
Fuente Clarin
