Por Judith Flores
El tirano aplasta toda disidencia a cuatro meses de los comicios
La suerte está echada. Daniel Ortega canceló la personería jurídica del último bastión de la oposición nicaragüense que participaba en el proceso electoral de cara a los comicios del 7 de noviembre.
Con la última decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) –dirigido por militantes sandinistas y funcionarios sancionados por Estados Unidos por ser protagonistas de los fraudes electorales desde que Ortega retornó al poder en 2007– el caudillo sandinista se queda sin contendiente para los comicios.
La medida contra la organización política opositora incluye a su representante legal Kitty Monterrey, quien tiene la doble ciudadanía: estadounidense y nicaragüense. El régimen le canceló su documento de identidad nacional, lo que podría traerle serios problemas, pues tiene muchos años de residir en Nicaragua.
El fraude
Una fuente de La Gaceta de la Iberosfera aseguró que con el proceso de verificación ciudadana realizado el 24 y 25 de julio se “marcó la tendencia” que se adjudicará el régimen en noviembre. Se estima que sería del 76 por ciento.
En 2016, Daniel Ortega se adjudicó el 72.5% de los votos, lo que le permitió obtener “mayoría” en la Asamblea Nacional, integrada por 92 diputados.
Según la información confiada a este medio, el encargado de la estrategia electoral sería Lumberto Campbell, “a quien le correspondía asumir la presidencia del CSE, pero pidió mantener perfil bajo debido a las sanciones”.
Campbell fue sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2020. «El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)», dijo en un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense.
Lo anterior indica que la recién electa presidenta del CSE, Brenda Rocha ocupa el cargo como “ficha figurativa”, para llenar el espacio. Rocha fue nombrada en mayo pasado, tan solo seis meses antes de las elecciones y no tiene experiencia en materia electoral.
Antes del nombramiento de Rocha, Campbell era el presidente interino en el CSE en sustitución del hoy expresidente de la entidad, Roberto Rivas, sancionado por Estados Unidos por fraude electoral.
La fuente referida precisó que el encargado del tendido electoral llamado “Unidad de victorias electorales”, es el exgeneral Leopoldo Rivas.
“El fraude es a través de las actas igual como sucedió en 2016. Las estructuras son las mismas, es la misma gente que participó en las elecciones de 2016”, acotó la fuente.
“Hace poco fue publicado un reportaje sobre las elecciones que decía que el fraude fue marcando boletas. Eso nunca se dio ni se va a dar. Por cada junta receptora va el primer miembro, segundo miembro y el presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional [que controlan las Juntas Receptoras de Votos], y lo primero que se hace es botar las boletas y urnas en unos contenedores destinados para ese fin”, afirmó.
Aseguró que las actas, que contienen la “sumatoria de votos”, son llenadas previo al inicio de las votaciones.
Con el retiro de la personería jurídica a CxL, quedan haciéndole el juego a Ortega pequeñas agrupaciones políticas colaboracionistas.
Volverán las confiscaciones
De acuerdo con la fuente, para el 2022 el régimen hará confiscaciones igual como sucedió durante la primera dictadura sandinista en la década de los 80. Estas serían dirigidas “a toda la gente que le dio la espalda a Ortega porque con las sanciones no les dio chance para sacar el dinero. Los bancos no pueden tocar dinero de los sancionados porque perderían su corresponsalía. El próximo paso es que les van a confiscar sus propiedades”, afirmó.
Más de 30 funcionarios del régimen sandinista han sido sancionados, entre ellos seis familiares directos de Ortega, como su esposa Rosario Murillo, sus hijos: Rafael, Laureano, Juan Carlos y Camila; además, su consuegro, el jefe de la policía Francisco Díaz.
“El dinero no lo pudieron mover y por eso es que los tienen presos. El del BAC [Banco de América central] tiene orden de captura, Gerardo Baltodano también tiene orden de captura. La junta directiva del BAC y del Banpro [Banco de la Producción] están siendo perseguidos”, aseguró.
Hasta ahora solo el gerente general del Banpro, Luis Rivas, está preso desde el 16 de junio. Juan Carlos Sansón Caldera gerente general del BAC, fue citado por la Fiscalía, aunque algunos medios publicaron que está detenido, pero no aparece en la lista de los encarcelados por el régimen.
Compra de armas a Rusia
“Viene un dilema para todos los nicaragüenses, van a seguir sancionando a funcionarios, les van a poner un cerco como en los 80. Ortega cree que con Rusia se va a mantener en el poder. El Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) lo tiene como garantía para el armamento que le está pidiendo a los rusos”, precisó la fuente.
Ortega solicitó recientemente más armamento a Rusia. La información fue confirmada por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú según reporta la agencia rusa.
El funcionario dijo en junio pasado que Cuba, Nicaragua y Venezuela buscan el apoyo del país euroasiático.
El régimen Ortega Murillo solicitó «apoyo» en el «ámbito técnico militar», que consiste en «abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para condiciones bastante complejas», destacó el ministro de Defensa ruso. «Históricamente desarrollamos la asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países. Son naciones que desde hace años hacen frente a distintas formas de presiones e incluso a amenazas del uso de la fuerza», indicó Shoigú en la Conferencia de Seguridad de Moscú que se celebró del 22 al 24 de junio.
