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La jueza federal María Servini citó como testigo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, en la causa que investiga supuestas presiones del gobierno de Mauricio Macri sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, para que vendan sus activos. Es el mismo expediente por el que actualmente se encuentra prófugo uno de los asesores judiciales de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
Rosenkrantz deberá dar su testimonio el próximo 26 de agosto a las 14 horas.
Justamente por su vínculo con “Pepín”, con quien según la investigación lo unieron 59 llamados telefónicos entre el 31 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018, es que Servini decidió citar como testigo a Rosenkrantz, quien podrá declarar por escrito si así lo solicitara. La cita es para el 26 de agosto.
En el expediente también figuran varios llamados de “Pepín” con otro juez de la Corte, Horacio Rosatti, pero no fue llamado a testimonial.
En su momento, cuando fue vinculado a esta causa por la querella del Grupo Indalo, desde el entorno del ministro de la Corte recordaron que “la relación de Carlos con Rodríguez Simon es públicamente conocida: se conocieron hace más de 40 años, fueron compañeros de facultad y se hicieron amigos, y las familias son también amigas. El hecho de ser amigos no condicionó ni condiciona su trabajo. Nunca habló de casos ni de cuestiones atinentes a la Corte con él”.
La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba detenido por el supuesto fraude multimillonario que él y López habrían perpetrado contra el Estado a través de su empresa Oil Combustibles, por el cual están siendo juzgados en la actualidad.
De Sousa acusó a Macri y a varios de sus funcionarios y asesores por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.
Según la denuncia, el ex presidente le había reclamado a Cristóbal López que cambiara la línea editorial de sus medios de comunicación. En su imputación, el fiscal Guillermo Marijuán anunció la investigación de “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.
“De tal manera, a partir del año 2015 las autoridades del Grupo Indalo habrían comenzado a recibir advertencias con exigencia para que los medios de comunicación del grupo fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el Ingeniero Mauricio Macri, pues en caso contrario el conglomerado económico iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias” siguió relatando Marijuan.
Esas supuestas presiones, describió el fiscal, incluían “la restricción de la opinión de los periodistas que eran adversos, y para que no se diera cobertura a cuestiones negativas para el presidente y sus funcionarios, como también relativas a Fabián Rodríguez Simón”. Justamente, respecto de ese asesor de Macri que tenía su escritorio en el primer piso de la Casa Rosada, la jueza Servini citó a indagatoria y, luego de su intempestiva partida hacia Uruguay, primero lo declaró en rebeldía y luego como prófugo.
“Pepín” pidió asilo en Montevideo como refugiado, deseo que fue rechazado en los últimos días por la comisión especializada que analiza esas solicitudes. Sin embargo, el trámite de su extradición a la Argentina por pedido de Servini igual durará unos meses.
En el marco de este expediente, la jueza procesó a Sebastián Omar Antonio Paladino, ex subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Servini lo acusa de haber ordenado que se implementara una herramienta informática de control particular sobre los contribuyentes que formaban parte del Grupo Indalo.
Fuente Clarin
