Argentina
España
El viernes pasado, el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzo secuestró una importante cantidad de documentación clave para avanzar en la causa donde se investiga si autoridades del PAMI integrantes de La Cámpora “utilizaban las estructuras oficiales para la recaudación” ilegal, después de que dos exgerentes condenados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) señalaron que les retenían el 20% de sus salarios.
La semana pasada, dos exgerentes del PAMI en Salta fueron condenados a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro indebido en 2020 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda social repartida por el Gobierno en pandemia.
Durante las declaraciones de los acusados, el descargo terminó salpicando a la agrupación que lidera a nivel nacional por Máximo Kirchner. Señalaron en el juicio que estaban obligados a dejar parte el 20 % de su sueldo para La Cámpora, a través de la intervención de un camporista ubicado al frente de la UDAI de la ANSES en esa provincia.
Los dos condenados que hicieron referencia a este mecanismo, son Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, ambos exgerentes del PAMI en las sucursales de Orán y Embarcación, respectivamente.
Durante el juicio, ambos indicaron que ”debían entregar el 20% de sus ingresos salariales a La Cámpora, retención que estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta”.
A raíz de esto se inició otro expediente a cargo del fiscal federal Toranzo. En Salta funciona el sistema acusatorio, motivo por el cual la investigación está completamente a cargo de la fiscalía. Cuando se avance con la recolección y análisis de prueba, se formaliza el caso donde se conocerán las imputaciones.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que en consecuencia, “la imputación surgirá a partir de la formalización de la investigación, algo que todavía no sucedió”. Asimismo, se indicó que en la justicia federal de Salta hay abierto un legajo en donde hay un poco más de 50 concejales municipales bajo investigación, ya que habrían gestionado el IFE. En ese listado, ya figuraba Marcos Vera, ex responsable del ANSES y acusado de retener parte del salario de los empleados. Ahora a ese legajo fue ampliado sobre estos nuevos hechos.
En julio de 2020 había salido a la luz que un total de 52 concejales de 32 municipios salteños figuraban en el registro de trámites de Anses para el cobro del IFE.
Para justificarse, los exgerentes del PAMI manifestaron que tenían que aportar el 20% de su sueldo para La Cámpora, cuyos referentes habían intervenido en en los nombramientos. Indicaron que el responsable de pedirlo era el Director del ANSES a los funcionarios del PAMI.
Con una gran cantidad de documentación secuestrada el viernes pasado, el fiscal Toranzo avanza en el análisis de un conjunto de designaciones. Una de las hipótesis sobre las que se trabaja, apunta a averiguar “cuántos funcionarios designados realizarían el aporte, y si eso tenía como destino la política o era parte, por ejemplo, de un enriquecimiento particular“, explicaron fuentes judiciales.
Para la justicia federal salteña, la cuestión subyacente es que entregar dinero a una agrupación no se encuadraría en un delito, porque podría constituir una donación: “la política no admite donaciones anónimas, y aquí no se advierte registro alguno en los partidos, mucho menos en las agrupaciones”, indicaron.
Según fuentes de la investigación, de corroborarse como existente este mecanismo “atentaría contra la transparencia del dinero aplicado a la política”. Por eso, dicen, “hay que investigar si el aporte fue voluntario o producto de una exigencia a cambio de la designación”.
Ahora hay medio centenar de designaciones bajo investigación. Durante 2020, cada unidad regional designó entre cinco y diez personas, y son quince las unidades de gestión. Ahora se busca determinar cuántos habrían realizado el aporte denunciado.
Las declaraciones que denunciaron el caso
La declaración judicial de Viviana Fernández, una de las condenadas este lunes por el Tribunal Oral Federal 1, fue una de las que expuso la situación que ahora está bajo investigación.
“Cuando yo tengo el primer sueldo sabía que tenía que destinar el 20% al señor Marcos Vera que era el referente de La Cámpora provincial. Iba destinado supuestamente a aportes de la organización. Se entregaba este porcentaje tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido. Esto hacía que mi ingreso sea menor”, sostuvo durante su testimonio.
Otra de las ex integrantes del PAMI que resultó absuelta, Emilia Suárez, declaró: “Yo recibí esta designación del PAMI que en realidad nunca fue para mí, fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora. No podía por el tema de los estudios y entonces, bueno, me lo ofrecieron a mí“.
Suárez continuó: “La señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera me pidieron que renuncie porque lamentablemente era una decisión de la organización, que a pesar de que no militaba ni nada me sacaban el 20% de mi sueldo todos los meses”.
El tercer acusado –Javier Eduardo Navarreta– que terminó con una condena de tres años, relató ante la Justicia que llevó adelante su tarea en la agencia de Embarcación y que el IFE le llegó de manera automática, pese a que no lo había gestionado.
Cuando salió a la luz el escándalo, presentó su renuncia al cargo, aunque sí aclaró que el dinero del aporte fue destinado a comedores comunitarios de la zona. Su explicación no alcanzó para eximirlo de responsabilidad ante la justicia.
Fuente Clarin
