La eventual quita de sueldo a los empleados que no se hayan vacunado abrió un intenso debate entre los empresarios y los abogados laboralistas. Todo comenzó con el planteo que esbozó este martes el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, al anticipar que aquellos trabajadores que no se inmunicen no serán convocados al trabajo ni percibirán su sueldo.
“Tengo gente que no se quiere vacunar, ¿qué puedo hacer’”, fue la consulta que empezó a surgir en las regionales del interior y las cámaras adheridas, donde aseguran que hay más casos de empleados sin la intención de aplicarse la dosis. En la cúpula de la UIA, reconocen que ya no están en el peor momento de la pandemia, cuando entre mayores de 60 llegó a haber un ausentismo de entre el 7 y 12%, una cifra que bajó bastante con el avance de la vacunación.
“Pero a la vez se está observando, de manera aislada en el Conurbano y un poco más en el Interior, que hay mayores de 60 que dicen que no pudieron vacunarse y en las fábricas no tienen cómo reclamarle que lo hagan. Es decir, lo que ayer planteó la UIA no está dirigido tanto a una población “anti vacunas””, explicó un directivo. El objetivo, según la fuente, es “cumplir los protocolos exigiendo una dosis de vacunación, así como la garantía por parte del Gobierno de que haya transporte público garantizado”.
Una de las preocupaciones en el sector privado es el riesgo de que un empleado sin la vacuna contagie al resto del personal. “El que tiene que regular en este marco no es el empresario de manera particular; el que tiene que regular es el Estado, para eso está el Estado, para regular con los organismos de competencia, como el Ministerio de Trabajo, que puede hacer las mejores evaluaciones en ese sentido”, dijo Mario Grinman, titular de Cámara de Comercio.
Para el empresario, de todos modos, la decisión de vacunarse es individual y debe respetar “la defensa de la libertad”. Mientras tanto, algunas compañías, ya empezaron a adoptar medidas por cuenta propia. “Se les hace saber que de persistir en esa postura de no vacunarse se le quitará todos los conceptos remunerativos, como es el caso de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima))”, explicó el asesor de empresa, Héctor García.
La empresa controlada por el gobierno porteño envió cartas documento y logró que se reintegraran a sus tareas, apelando a la resolución 4 del Ministerio de Trabajo y el de Salud. Dicha medida autorizó en abril a los empleadores a convocar a los inmunizados con una dosis, incluidos grupos de riesgo, y dispuso que quienes no lo hagan “deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar”.
Pero la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) rechaza que la normativa habilite quitas de salario. “No tiene sustento legal, parece un intento de disciplinamiento o un pedido elíptico al gobierno para que dicte alguna norma en ese sentido, aunque el Ministerio de Trabajo anticipó que no está en agenda la sanción a los trabajadores que se nieguen a trabajar o vacunarse”, señaló la presidenta de la entidad laboralista, Cynthia Benzón.
La abogada dijo que ya hubo intimaciones individuales en algunas firmas al personal sin vacuna, pero advirtió que la resolución 4 “es discutible sin tener certeza del grado de inmunidad que alcanza la persona luego de la primera dosis, ya que habilitar la posibilidad de reingreso pone en riesgo al conjunto de trabajadores”. “Es una cuestion de salud pública, pero no puede el empleador sancionar con la perdida de salario, cuando no es legal”, concluyó.
Fuente Clarin
