En pleno mes electoral, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) deberá resolver si realiza el juicio contra Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gabinete por la firma del Pacto con Irán, o si hace lugar al planteo de la vicepresidente y anula el expediente dictando su sobreseimiento. Aún se encuentran en pleno desarrollo las audiencias en las que los imputados están planteando que el caso se caiga.
“Esta causa es un disparate institucional, judicial y político”, dijo Cristina el 16 de julio, cuando se defendió en una insólita audiencia realizada frente al Tribunal que debe realizar el juicio oral. La Cámara de Casación convalidó ese controvertido procedimiento, y ahora sólo resta la palabra final del TOF 8, integrado por los jueces José Michilini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado.
El argumento de la defensa de Cristina fue replicado la semana pasada por Carlos Zannini, que fue un poco más lejos y dijo que la justicia fue el brazo ejecutor de una persecución política con la que el macrismo: “buscó proscribir a Cristina Kirchner y criminalizar a sus ex funcionarios”, afirmó.
De llegar a su juicio oral, el expediente que inició con la denuncia formulada por el fallecido fiscal Alberto Nisman representaría uno de los casos de mayor trascendencia internacional contra Cristina Kirchner. El delito atribuido durante la instrucción es el de encubrimiento agravado y estorbo de un acto de funcionario público.
En otras palabras, se juzga el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, hecho que denunció en 2015 el inmediatamente después fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah del Líbano.
Justamente Ahmad Vahidi, uno de esos cinco acusados sobre los cuales Argentina mantiene un pedido de extradición luego ratificado con una búsqueda internacional a través de alertas rojas de Interpol fue designado este miércoles como ministro del Interior de Irán. La noticia descolocó al gobierno -cuya ala K es tiene una mirada cuanto menos indulgente respecto de Teherán- a punto tal que la Cancillería tardó unas horas en manifestar su repudio. La DAIA y la AMIA lo publicaron de inmediato.
Volviendo al expediente, el ahora presidente Alberto Fernández había dicho en 2015: “Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado, si no era para levantar los pedidos de captura librados?”
Pero su discurso cambió después de ser elegido por Cristina Kirchner para pelear por la presidencia de la Nación. En 2019, citado como testigo por el juez Bonadio, dio un vuelco radical: “He dicho una y mil veces que el memorándum es una cuestión política no judiciable“. Ese día defendió a la vicepresidenta, señalando que la causa era otro elemento del lawfare.
De estas acusaciones se despegó la vicepresidenta, y en su descargo político vinculó el caso con los fondos buitres. “El memorándum con Irán no es solo una persecución. Era esto: pagarles lo que querían a los buitres porque después de pagarles a los buitres decían que venía la bonanza. ¡Y pagaron! Lograron sacar el candado para que se pagara. Yo no lo hice. Yo me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo. No les pagué lo que querían porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento fenomenal”, dijo.
Cristina Kirchner y los demás imputados basaron su pedido de nulidad en las quince visitas a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri, de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación. Sostienen que esos encuentros estuvieron vinculados a determinaciones en diferentes casos de corrupción y puntualmente, esta causa.
Aún quedan por delante varias audiencias, y según el calendario judicial el TOF 8 estará en condiciones de expedirse sobre el pedido puntual de la vicepresidenta en septiembre, en plena etapa electoral.
En la causa están procesados varios ex funcionarios que ahora ocupan cargos en el Gobierno de Alberto Fernández: además de Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.
Fuente Clarin
