La Justicia rosarina solicitó este jueves dos allanamientos en las oficinas de la Obra Social de Conductores Camioneros. Al menos cuatro personas denunciaron aprietes para que renunciaran al sindicato de la provincia de Santa Fe y se incorporaran a otra organización creada por dirigentes afines a la conducción de Hugo Moyano en la federación nacional.
La investigación corresponde a declaraciones presentadas en los dos meses anteriores al operativo que comenzó a primera hora en diferentes puntos de la ciudad. Por un lado, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) fue al edificio céntrico de Bulevar Oroño 1085 donde funcionan los consultorios médicos de la institución. Por otra parte inspeccionaron la sede administrativa en el sexto piso de Tucumán 1463.
Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que el procedimiento fue solicitado por la unidad de Investigación y Juicio a partir de denuncias recibidas en junio y julio. Las víctimas sostienen que sufrieron extorsiones y amenazas para dejar de pertenecer al Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe e inscribirse en otro gremio formado por dirigentes del moyanismo.
Hubo dos allanamientos en las sedes la obra social del Sindicato Camioneros en Rosario. Se investigan presuntas e amenazas o “aprietes” afiliados.
Foto: Juan José García.
La tarea del personal de la TOE e integrantes del Poder Judicial se desarrolló hasta el mediodía. En las primeras horas no se afectó la atención al público en los consultorios. Hacia media mañana se reportó que el fiscal Mariano Ríos Artacho había solicitado el secuestro de documentación junto con otro material de interés para la causa que se tramita en la ciudad.
El apriete
De acuerdo a los testimonios que figuran en la investigación, los afiliados al Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe eran abordados cuando iban a hacer trámites a su obra social. En esas circunstancias, personas aún no identificadas los amenazaban para que renunciaran y se inscribieran en otra organización que tiene como principal referente en la provincia a Juan Chulich.
El “apriete” incluía como posibles represalias la posibilidad de cortarle la cobertura médica a las víctimas si no accedían a hacer el trámite. Según el apoderado legal del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Gabriel Navas, el modus operandi no es nuevo y sostuvo que hay “cientos de casos” similares en toda la provincia.
“Cada vez que tenían que ir, se las apretaba directamente. Debían concurrir a una dirección del pseudo sindicato que quiere instaurar Moyano“, comentó el abogado sobre las personas damnificadas. Por otra parte, recalcó que las amenazas a veces incluían a familias con niños bajo tratamiento oncológico.
En un reportaje con Radio Eme de Santa Fe, el representante legal del gremio en la provincia añadió que el perjuicio iba más allá de la cuestión sanitaria. En algunos casos en los que los choferes aceptaban el traspaso, se les daba el alta como adherentes. Así figuraban “como cualquier monotributista” y tenían que afrontar “un costo superior” para acceder a las prestaciones.
Rosario. Corresponsalía.
Fuente Clarin
