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La cámara federal de Mendoza rechazó un pedido del procesado juez Walter Bento de separar de la causa en que se lo investiga como presunto jefe de una organización que daba favores a presos a cambios de dinero al fiscal Dante Vega.
En un fallo, firmado por el camarista Gustavo Castiñeira de Dios, se fundamentó el rechazo en que “los principios básicos del instituto de la recusación se apoyan en garantizar la imparcialidad que deben tener los magistrados que conozcan en una determinada causa judicial, el que sólo es procedente en el caso de que se verifiquen alguna de las causales establecidas en el art. 55 del Código Procesal Penal de la Nación”.
“Siendo que los miembros del Ministerio Público deberán inhibirse y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, con excepción de los previstos en la primera parte del inciso 8 y en el 10 del aludido artículo 55 –artículo 71 del Código Procesal Penal de la Nación”, agregó´. ”Ello, teniendo en consideración que dicho planteo del recurrente no se ajusta al requisito temporal que exige el ordenamiento procesal, a partir del cual se establece claramente que la recusación debe ser formulada con anterioridad al inicio de la causa principal, recordó. Luego el camarista afirmó que no existe ninguna de esas causales de recusación.
Hace dos semanas, Bento fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales y además se le trabó un embargo de más de 327 millones de pesos sobre sus bienes y los de su esposa, Marta Boiza.
La medida fue dictada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que Bento, titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, fuera acusado en mayo pasado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.
Si bien la Justicia solicitó que el procesamiento se haga efectivo con prisión preventiva, la misma no pudo llevarse a cabo porque el magistrado aún tiene fueros.
El juez negó los cargos al igual que su abogado, Mariano Cúneo Libarona.
Por lo tanto, Bento sigue en funciones y hasta tiene competencia electoral, por lo cual sus decisiones son clave para futuro de las legislativas en la provincia.
Puigdéngolas trabaja junto al fiscal Dante Vega y anteriormente ambos habían ordenado la inhibición de los bienes, propiedades y vehículos tanto de Bento como de su esposa y también imputada y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo.
La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.
A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.
Hasta ahora, la causa tiene 24 imputados, de los cuales diez fueron detenidos, tres de ellos con prisión domiciliaria.
Para los investigadores, Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios, entre ellos el ex despachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado hace un año, hecho del cual surgió la investigación inicial.
Mientras tanto, a fin de junio, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura investiga la denuncia contra el juez federal mendocino, pero aún no tomó ninguna decisión sobre su continuidad en el cargo.
Fuente Clarin
