Argentina
España
El represor Jorge “Tigre” Acosta fue condenado a 24 años de prisión en una causa que por primera vez juzgó delitos sexuales cometidos contra detenidas que estuvieron secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico militar.
Además se sentenció a 20 años de cárcel a otro represor que integró el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, el agente de inteligencia Alberto González, en un veredicto emitido hoy al finalizar el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5.
Acosta, alias el “Tigre”, y González, también conocido como “Gato” o González Menotti comenzaron a ser juzgados el pasado 27 de octubre de 2020, de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus ante el Tribunal que tiene sede en Comodoro Py 2.002 y muchas de sus audiencias fueron reservadas por el carácter de los delitos juzgados.
En ambos casos las penas fueron unificadas a prisión perpetua por la sumatoria de condenas anteriores impartidas a ambos represores en juicios previos por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
Las condenas se dictaron por “violación agravada por haber sido cometida en concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades”, abuso deshonesto, privación ilegítima de la libertad y tormentos, delitos que se declararon imprescriptibles por ser de lesa humanidad.
Los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Pallioti encontraron a Acosta culpable como autor penalmente responsable de los hechos cometidos contra tres víctimas, Silvia Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes.
En tanto, González fue condenado por los delitos cometidos en perjuicio de Labayrú.
Los hechos ocurrieron durante 1977 y principios de 1978, según la acusación con la que ambos represores llegaron a juicio, y los fundamentos del veredicto se conocerán el próximo 12 de octubre.
La Fiscalía había pedido condenas a 25 años de prisión para Acosta y González, en un alegato en el cual el fiscal federal Leonardo Filippini aludió a que se probó que en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA hubo una “violencia específica de contenido sexual e impacto especial sobre las mujeres”.
Las tres víctimas declararon en el juicio y ratificaron lo que padecieron, en audiencias que se hicieron de manera reservada.
En los primeros puntos del veredicto, el tribunal rechazó los planteos de afectación al principio ne bis in ídem (no ser juzgado dos veces por un mismo hecho) deducido por la defensa de Acosta.
Los magistrados también rechazaron los pedidos de nulidad de la declaración testimonial de una de las víctimas interpuesto por el defensor de González.
Además, el Tribunal rechazó los pedidos de extinción de la acción penal por prescripción formulados por ambas defensas, en función del carácter de imprescriptibilidad que poseen los delitos que son tipificados como crímenes contra la humanidad.
En el caso de Acosta se lo encontró culpable además de abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por ser cometido en perjuicio de una perseguida política, entre otros delitos.
Sin embargo, el tribunal absolvió al ex jefe del GT 3.3.2 “por el beneficio de la duda” por dos hechos de violación agravada en relación a una de las víctimas.
La investigación por delitos sexuales cometidos en la ESMA se abrió luego del veredicto en el segundo juicio oral de la megacausa que juzgó a los represores en ese centro clandestino y cuya investigación estuvo a cargo del exjuez federal Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Al dictar ese veredicto en 2011, el TOF 5 ordenó investigar lo narrado por víctimas que declararon en calidad de testigos y contaron las violaciones, abusos físicos y psicológicos que sufrieron.
La primera condena por abuso sexual en los juicios de lesa humanidad se dio a conocer en 2010 en Mar del Plata, y hasta entonces, se trataban de acusaciones que eran procesadas como abusos y torturas.
Gregorio Rafael Molina, condenado a prisión perpetua en el juicio de lesa humanidad que se siguió por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención ilegal de “La Cueva”, fue el primer represor condenado en el país por delitos sexuales
Desde el año 2012 el Ministerio Público Fiscal de la Nación impulsa la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado, y los considera como delitos autónomos con el propósito de establecer responsabilidades.
Desde ese momento, más de 120 represores fueron responsabilizados por delitos sexuales, según cálculos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundidos en un informe que se publicó en marzo de este año.
Fuente Clarin
