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Alberto Fernández sumó un nuevo pedido de juicio político al que presentó un grupo de 15 diputados nacionales que integran el interbloque de Juntos por el Cambio.
La diputada nacional Beatriz Ávila también hizo una presentación contra el Presidente en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones durante la pandemia por Covid-19 por el festejo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, según publicó el sitio El Parlamentario.
Avila es esposa del intendente de Tucumán Germán Alfaro, peronista aliado a Juntos por el Cambio. Es candidata a senadora y su marido a diputado en la interna de Juntos por el Cambio en su provincia.
La diputada sostuvo que “es evidente la posibilidad de que el presidente haya cometido un crimen común en el ejercicio de las funciones”, en referencia a la foto de Fernández, junto a la primera dama y allegados en plena cuarentena dura.
En los fundamentos de su proyecto, la legisladora tucumana señaló que “mientras presuntamente el presidente se reunía en un lugar cerrado festejando con una decena de personas sin cuidados, días después amenazaba a toda la población argentina con que utilizaría la fuerza pública para exigir que la ciudadanía no se reúna”.
Ávila agregó que el presidente “decidía festejar tranquilamente el cumpleaños de su esposa sin ningún tipo de restricciones. Él decidía actuar en total contravención con las medidas que él mismo había impuesto y con las que decidía impulsar la fuerza pública contra la ciudadanía”.
El proyecto presentado por Juntos por el Cambio, en el cual también se acusa al presidente de “mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, lleva las firmas de Waldo Wolff, Luis Petri, Fernando Iglesias, entre otros.
Entre los argumentos de los diputados opositores, que lleva como primera firma la del radical Mario Negri, presidente del interbloque, indican: “La libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país; los alumnos tenían sus escuelas cerradas; los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros. A la sombra de estos decretos, se denunciaban casos de violencia institucional, los comerciantes se fundían, los enfermos se recuperaban o morían en absoluta soledad”.
Y continúan: “Los argentinos hemos presenciado escenas desgarradoras de una deshumanización digna de una ficción. La justificación era el cumplimiento a rajatabla de la normativa de emergencia vigente”.
“Recientemente, unas fotos tomadas en la residencia de Olivos dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban. La situación desenmascara la hipocresía del Presidente”, remarcaron los diputados.
NE
Fuente Clarin
