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La decisión del nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, de designar ministro del Interior a Ahmad Vahidi, uno de los cinco iraníes imputados en Argentina por el atentado de 1994 en Buenos Aires contra la mutua judía AMIA, en el que murieron 85 personas, le crea un inconveniente al presidente Alberto Fernández y a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La designación, que el Gobierno argentino ha calificado de «afrenta», atrae la atención hacia el caso que sigue un juez federal sobre si Fernández de Kirchner quiso llegar a un pacto secreto con Irán cuando era presidenta para dejar de perseguir judicialmente a los responsables del atentado. Vahidi, hombre fuerte en la Guardia Revolucionaria, ya ejerció de ministro de Defensa entre 2009 y 2013, en el segundo mandato del radical Mahmud Ahmadineyad, y ahora vuelve al Gobierno iraní, acabados los dos periodos presidenciales del más moderado Hasán Rohani. La incongruencia de haber puesto en la lista roja de Interpol a Vahidi y luego no hacer nada para propiciar su detención aprovechando sus viajes internacionales como titular de Defensa llevó al entonces Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013, poco antes de que dejara el poder Ahmadineyad, el gran aliado de Hugo Chávez y del kirchnerismo, a firmar un acuerdo de entendimiento con Irán para superar la situación.
Memorando con Irán
En ese acuerdo, Teherán se comprometía a colaborar en la investigación judicial por el atentado contra la AMIA, aunque era a través de una comisión de la verdad sobre cuya composición Irán tendría capacidad de veto. Fernández de Kirchner lo vendió a la opinión pública como el único modo de avanzar en una investigación que desde su arranque apenas ha podido llegar a conclusiones definitivas. El memorando no llegó a ser firme, pues de entrada fue rechazado en el Parlamento iraní.
Algunos investigadores, como el juez Alberto Nisman, muerto en sospechosas circunstancias poco después de formular su denuncia en 2015, acusaron a la presidenta de llegar a un acuerdo secreto para retirar la orden de captura contra Vahidi y otros cuatro iraníes acusados de preparar el atentado de 1994 (los acusados eran mandos militares de Teherán, como Vahidi, y personal de la embajada iraní en Buenos Airees, entre los que destaca Moshen Rabbani, que era agregado cultural en la legación). La denuncia de Nisman, que había investigado el atentado de AMIA, supuso el comienzo del expediente que hoy sigue en pie y que examina si Fernández de Kirchner es responsable de «encubrimiento organizado y estorbo de acto de funcionario público».
El hoy presidente argentino, que en 2015 no estaba alineado políticamente con Kirchner, cargó entonces contra ella: «Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado si no era para levantar los pedidos de captura librados?».
Problema para el presidente argentino
A diferencia de lo que dijo en 2015, ahora Alberto Fernández defiende a Fernández de Kirchner, convertida en su vicepresidenta. Pero la incomodidad de la situación es evidente: el Gobierno fue lento en responder a la «afrenta» del nombramiento de Vahidi. La primera reacción contraria a esa designación llegó de la parte israelí, tanto de las autoridades de Israel como de la comunidad judía argentina, que han evocado el recuerdo de las víctimas para rechazar la impunidad de Vahidi y los otros acusados. Luego se sumó el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino, al que le debería corresponder la patata caliente de tener que llamar a su detención cada vez que Vahidi se desplace internacionalmente.
Todo esto atrae mayor atención al caso judicial que se sigue en relación al memorando con Irán, asunto sobre el que los jueces deben pronunciarse en breve, aceptando actuar contra la antigua presidenta o dan carpetazo al caso. En las audiencias se ha interrogado a destacados kirchneristas, como Luis d’Elía, quien ha aparecido en fotografías tomadas en Teherán junto a Moshen Rabbani, otro de los acusados por el atentado y persona clave en las redes de Irán en Latinoamérica.
Historia de una relación
La relación de Cristina Fernández con el Irán de los ayatolás viene de la presidencia previa de su marido, Néstor Kirchner. En un momento de estrecha colaboración entre Chávez y Ahmadineyad, quien estaba fuertemente aislado por las sanciones internacionales, el dirigente venezolano medió en 2007 para que Argentina e Irán establecieran alguna colaboración nuclear. Irán buscaba ayuda secreta para poner al día instalaciones de la era del Sha construidas con tecnología de Siemens, la misma utilizada en reactores de Argentina y que había sido modernizada después por una empresa coreana. A Kirchner le interesaba poder aprovechar posibles avances iraníes, pues a finales de 2006 el presidente argentino había relanzado la actividad de procesamiento de uranio.
Aquello suponía un acercamiento que dejaba atrás el atentado contra la AMIA y contra la embajada de Israel en Buenos Aires perpetrado dos años antes, con otros 29 muertos y también atribuido al grupo que después derivó en Hezbolá. Ambos atentados, con preparación desde la Triple Frontera (el área especial en el que confluyen los territorios nacionales de Argentina, Paraguay y Brasil), habrían sido planeados con apoyo de las autoridades de Irán, según las investigaciones argentinas, pero los Kirchner preferían seguir su propio juego geopolítico antes que responder a las exigencias de justicia reclamadas por las víctimas.
Fuente ABC
