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La idea de la oposición de iniciar un juicio político contra el presidente Alberto Fernández pierde fuerza. No solo porque en el Congreso Juntos por el Cambio no tiene los números para avanzar, sino también porque parte de los principales referentes opositores toman distancia.
Al ex presidente Mauricio Macri no le convence; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que él no lo promovió; y los diputados de la Coalición Cívica no lo firmaron porque su líder, Elisa Carrió, tampoco está de acuerdo con el juicio político.
En cambio, todos los jefes de la coalición opositora coinciden en empujar el proyecto presentado por el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, para conformar una comisión investigadora. Con el Congreso congelado por la campaña, el proyecto no toma vuelo, pero la oposición sabe que puede reflotarlo en cuanto haya movimiento o incluso amenazar con una sesión especial para tratarlo si la situación se agrava.
“Hay que estudiarlo más, no tengo el detalle de los causales del juicio político. A priori no parecería, pero también es cierto que tenemos que cumplir las normas, es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori a mí no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suenan o no, es lo que dice la ley”, declaró Larreta en diálogo con Urbana Play.
En ese sentido, el Jefe de Gobierno señaló que lo debe discutir el Congreso. “Yo no lo promoví, no hablé de juicio político, creo que lo que hizo el Presidente está mal y punto”, afirmó y agregó: “Es un incumplimiento grave de su propio decreto. Así de claro, está mal e incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema de alguna manera la responsabilizó a su pareja en su primera declaración”.
Por su parte, Mauricio Macri -que terminó el aislamiento tras regresar de su viaje a Europa y está dispuesto a subirse a la campaña- no se refirió al tema en sus últimas declaraciones y en su entorno señalaron que la idea no lo convence.
Hay dos pedidos de juicio político contra Fernández presentados recientemente en Diputados. Uno de ellos está encabezado por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo.
En los fundamentos señalan que Fernández amenazaba con “hacer tronar el escarmiento” para quienes incumplieran las normas que él violó, que el episodio “desenmascara la hipocresía del Presidente” y que “se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública”.
También hay otro pedido de juicio político presentado por otros diputados PRO: Luis Petri, Waldo Wolff y Jorge Enríquez. Es más amplio. Aseguran que el Presidente incurrió en mal desempeño de la gestión de la pandemia y también en los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “abandono de persona” y “violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de la epidemia”.
Los diputados de la Coalición Cívica no firmaron ninguna de esas solicitudes, en línea con la postura de Elisa Carrió que señaló que no quiere que esto sea “algo electoral”. “Esto es un delito, tiene que definirse en la Justicia”, planteó.
También consideró que un ataque de este tipo sería “funcional al enojo de Cristina Kirchner”. “No hay que ser funcional a que después de las elecciones lo culpe (a Alberto) por la derrota, lo haga renunciar y ella asuma la Presidencia porque ahí sí vamos a estar en Rusia y Venezuela”, sentenció.
Lo cierto es que igualmente la oposición no tiene números para empujar un juicio político. En la comisión de Juicio Político pueden llegar a conseguir la mitad de los votos, pero debería desempatar la presidenta, que es camporista. Pero incluso si lo lograran, después tendrían que garantizar los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Solo posible si parte del Frente de Todos traiciona a Alberto Fernandez.
Como plan B, los diputados de las tres fuerzas que integran JxC presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora para investigar más allá de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, si hubo otras violaciones del Presidente a las normas sanitarias, más allá de la investigación que corre en la Justicia a cargo del fiscal federal Ramiro González.
Con el Congreso paralizado por la campaña y la poca predisposición el oficialismo a reactivarlo en este clima político, la oposición solo podría intentar tratarlo en sesión especial. Pero reconocen que es díficil porque “están todos en sus provincias en campaña”. De todas maneras, con el proyecto presentado, la opción sigue latente.
Fuente Clarin
