La jueza Cecilia Gilardi de Negre resolvió que el Gobierno le pague a Editorial Perfil una indemnización por la discriminación con la publicidad oficial que el Estado nacional aplicó al grupo de medios de Jorge Fontevecchia durante más de una década.
La discriminación contra Editorial Perfil arrancó con el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, continuó durante la gestión de Cristina Kirchner y se solucionó, de a poco, con Mauricio Macri.
Es la primera vez que la Justicia fija el precio que deberá pagar un Gobierno para compensar a un medio de comunicación por los perjuicios derivados “de su conducta ilegítima” con la distribución discrecional de la publicidad oficial.
Se estima que la cifra total para Editorial Perfil superaría los $200 millones, en base a la actualización de las cifras correspondientes a cada uno de los medios y de los años en que fue discriminado.
La jueza De Negre, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°8, ordenó pagarle al bisemanario Perfil la publicidad oficial que el Gobierno no le dio entre junio de 2004 y marzo de 2011, “con una suma equivalente al total del monto facturado por el diario Página/12 en concepto de pauta publicitaria oficial para sus ediciones de los días sábados y domingos”.
Por ejemplo, la perito contadora estableció que en el año 2010 Página/12 recibió $907.573 en publicidad oficial, así que esa misma cifra “actualizada por la tasa activa del Banco Nación” es la que recibirá Editorial Perfil. Y así con cada uno de los años en que los medios de Editorial Perfil no recibieron publicidad oficial.
En los casos de las revistas Semanario y Mía, la indemnización va de los años 2010 a 2017, al igual que los portales digitales de Supercampo y Caras, entre otros, cuando gobernaba Macri. Los años previos no ingresaron, porque prescribieron, al no estar en el juicio original, que tuvo el fallo de la Corte Suprema en 2011.
“Es un fallo histórico porque, por primera vez, se reconoce el derecho de un medio a ser indemnizado a raíz de la discriminación al no recibir publicidad oficial del mismo modo que lo hacían medios análogos”, dijo Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, en una columna que publicó en ese medio.
“Queda aún la apelación que el Estado, otra vez, hizo a la Cámara y eventualmente nuevamente a la Corte Suprema. Pero todo el proceso de acumulación de pruebas, peritajes, testigos, impugnaciones de pruebas, etcétera, se produce en la primera instancia y es lo que demanda más tiempo. Los próximos pasos judiciales serían cuestión de meses”, estimó Fontevecchia.
Es que el expresidente Néstor Kirchner utilizó la distribución de la publicidad oficial como una herramienta de censura indirecta, para subsidiar a los medios alineados con el “relato” kirchnerista y castigar a los que eran críticos de su gestión.
Al primero al que castigó el kirchnerismo fue a Editorial Perfil, que en marzo de 2011 logró un fallo de la Corte Suprema que le ordenó al Gobierno disponer la distribución de publicidad oficial respetando “un equilibrio razonable con aquellos de análogas características”. Pero el Gobierno kirchnerista nunca lo cumplió.
Esa actitud que el kirchnerismo tuvo con Perfil, también se aplicó luego con el diario La Nación, el periodista Luis Majul y los medios del Grupo Clarín, entre otros, que lograron fallos de la Justicia, para que se reponga la publicidad oficial.
El Canal 13 logró, en junio de 2013, que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exija al Gobierno un esquema “equitativo” de pauta oficial entre los canales de TV abierta de la ciudad de Buenos Aires.
Ese mismo año la Justicia intimó al Gobierno para que también presente un esquema de “asignación de publicidad” a los programas de radio y televisión de la productora La Cornisa, de Majul, ya que el Gobierno le había quitado la publicidad oficial desde el año 2011, sin ninguna causa objetiva que justifique tal acción.
Mientras eso ocurría, el grupo kirchnerista de Sergio Szpolski fue el que más pauta oficial recibió en 2011, con Cristina Kirchner, que le dio $ 125 millones, pese a su bajísima venta y circulación, cuyos medios estaban en manos de testaferros.
Fuente Clarin
