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La justicia salteña detectó una cuenta bancaria a la que se transferían aportes que se encuentran bajo investigación, después de que exgerentes del PAMI denunciaron que un dirigente La Cámpora los obligaba a entregar el 20% de sus salarios. La fiscalía ya solicitó al juez de garantía el levantamiento del secreto bancario y se requirió al a entidad financiera todos los movimientos de fondos vinculados a esa cuenta.
El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzo lleva adelante la causa donde se investiga si autoridades del PAMI integrantes de La Cámpora “utilizaban las estructuras oficiales para la recaudación” ilegal, después de que dos exgerentes condenados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) señalaron que les retenían el 20% de sus salarios.
Esos testimonios se escucharon previo a la condena a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibieron dos exgerentes del PAMI en Salta. Fueron acusados del cobro indebido del IFE en 2020, la ayuda social repartida por el Gobierno en pandemia.
Durante las declaraciones de los acusados, el descargo terminó salpicando a la agrupación que a nivel nacional lidera Máximo Kirchner. En el juicio ambos señalaron que estaban obligados a dejar el 20% de su sueldo para La Cámpora, a través de la intervención de un camporista ubicado al frente de la UDAI de la ANSES en esa provincia.
La denuncia que se escuchó en el juicio fue la siguiente: “debíamos entregar el 20% de sus ingresos salariales a La Cámpora, retención que estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta”.
Con el expediente en curso, y tras una serie de medidas ordenadas por el fiscal que derivaron en el secuestro de una importante cantidad de documentación, la causa busca desentrañar si ese dinero era requerido forzosamente y adónde se enviaba, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Para la justicia federal salteña, la cuestión subyacente es que entregar dinero a una agrupación no se encuadraría en un delito, porque podría constituir una donación: “la política no admite donaciones anónimas, y aquí no se advierte registro alguno en los partidos, mucho menos en las agrupaciones”, indicaron.
El fiscal Toranzo encontró una cuenta bancaria a la que se enviaba dinero de estos presuntos aportes bajo investigación. Por ese motivo hace una semana se pidió el levantamiento del secreto bancario, y según pudo saber Clarín a la entidad financiera se le requirió toda la documentación sobre los movimientos de fondos relacionados a esa cuenta.
El trabajo de los investigadores está centrado en el seguimiento de las cuentas “porque muchos pagaron con transferencia bancaria y se busca determinar el destino del dinero”, explicaron fuentes judiciales a este diario.
Dentro de la documentación analizada se encuentran todos los nombramientos realizados en la ANSES y el PAMI salteños durante el 2020. Mientras tanto, la fiscalía tomó varias declaraciones testimoniales entre los empleados, y algunos admitieron haber “realizado pagos en efectivo a favor de La Cámpora”. Entre ellos, algunos señalaron que dicho aporte “había sido voluntario”. Otros denunciantes, sin embargo, señalaron que era bajo coacción la exigencia de ese dinero.
En Salta funciona el sistema acusatorio, motivo por el cual la investigación está completamente a cargo de la fiscalía. Cuando se avance con la recolección y análisis de prueba, el fiscal Toranzo formulará las imputaciones correspondientes.
El legajo de los 50 concejales
En la justicia federal de Salta hay 52 concejales de 32 municipios bajo investigación, ya que habrían gestionado para sí el cobro del IFE. En esa lista ya figuraba Marcos Vera, ex responsable del ANSES y acusado de retener parte del salario de los empleados. Ahora a ese legajo fue ampliado sobre estos nuevos hechos.
La audiencia del control de la acusación por el cobro del IFE de los concejales continuará el 2 de septiembre. Sin embargo, según confiaron fuentes judiciales a Clarín unos quince funcionarios ya comenzaron a pedir que se los someta al instituto de probation, ofreciendo una indemnización, tareas comunitarias y en algunos casos una auto inhabilitación por dos periodos electivos.
Se trata de concejales que no llegaron a cobrar el IFE, pero están acusados por la tentativa de defraudación a la administración pública. Para ellos no habría problemas en concederles la probation, confiaron fuentes del caso.
A quienes sí consumaron el delito les corresponde como pena también la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Además de la indemnización y la realización de tareas comunitarias, deberán “proponer una auto inhabilitación por cuatro años para ser candidatos, para que sea procedente”, se explicó.
Fuente Clarin
