Tras una ampliación de denuncia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el fiscal Claudio Navas incluyó además a Fulvio Pompeo.
El fiscal Claudio Navas ,que investiga el caso del envío de armas a Bolivia durante la gestión de Mauricio Macri en medio del golpe de Estado contra Evo Morales, amplió la imputación la imputación contra el exjefe de Gabinete, Marcos Peña, el exsecretario de Asuntos estratégicos, Fulvio Pompeo, y el excanciller Jorge Faurie.
El funcionario judicial tomó la determinación luego de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ampliara la denuncia en la Justicia y buscara implicar a estos exfuncionarios macristas.
La causa se inició por una denuncia penal del gobierno de Alberto Fernández. “Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el ex Presidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando”, sostiene la ampliación de la denuncia que presentó Frederic la semana pasada.
La ministra de Seguridad y su colega de Justicia, Martín Soria, y la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, denunciaron penalmente el 12 de julio a Macri y los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, y a otros exfuncionarios por “contrabando agravado”.
La denuncia apunta que se realizó un “envío irregular de armamento y municiones” al vecino país “a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
El caso quedó en el juzgado a cargo del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart y el fiscal Navas, para quien “los elementos arrimados por los denunciantes” permiten “dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida” a Peña, Faurie y Pompeo por una “supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia”.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos “vulneraron el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero”.
Añadió que, dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, “la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”.
También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.
En su nueva presentación, Frederic, Soria y Marcó del Pont señalaron la existencia de dos reuniones celebradas el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada.
En la primera, Macri se habría reunido en privado con Faurie, quien tras el encuentro habría suscripto una “sospechosa nota, hasta ahora desconocida”, mediante la cual solicitaba -por fuera del sistema electrónico y obligatorio de comunicaciones oficiales-, el envío de personal de la Gendarmería a Bolivia con el supuesto fin de defender la embajada argentina en ese país, la cual estaba a cargo del entonces embajador Normando Álvarez García.
Agregaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho de Peña y en la que estuvieron presentes la exministra Bullrich y el exjefe de la Gendarmería, Gerardo Otero -entre otros-, y que en ese encuentro se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.
Los denunciantes incorporaron al expediente los registros de ingreso a la Casa Rosada del 12 de noviembre de ese año, que “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia para apoyar el golpe de estado se tomó en la Casa Rosada”.
Para Frederic, esos registros muestran que “horas antes de la partida del vuelo con el cargamento ilegal de armas y municiones con destino a Bolivia, Mauricio Macri mantuvo dos reuniones trascendentales para la maniobra”.
En el detalle de las planillas señalaron que la primera coincide con un momento “clave del contrabando. Según surge de las notas firmadas el 12 de noviembre por el gendarme Yavorsky, el trámite para el envío de las 70.000 municiones y las más de 600 granadas contrabandeadas fue iniciado por Gendarmería a las 13:06 de ese día”.
La denuncia indica que en ese preciso momento, Macri, Peña, Bullrich, Otero y su secretario privado “estaban reunidos, junto a los directores de todas las fuerzas de seguridad, en el despacho de Peña”.
La titular de la cartera de Seguridad sostuvo que el cónclave en la Casa Rosada “acredita que la orden de enviar ese material fue tomada directamente por las máximas autoridades del Gobierno de Macri”.
Para darle fuerza a esa tesis, indicaron que ese material complementario “se añadió al que ya había sido tramitado y autorizado el día anterior (11 de noviembre); y coincide exactamente con el que fue recibido por la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana el 13 de noviembre”.
Observaron que la reunión se realizó 12 horas antes que los gendarmes partieran rumbo a La Paz en un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, “y contó con otras particularidades: se llevó a cabo en el despacho de Marcos Peña, el único con acceso directo al despacho presidencial; y fue el primer ingreso de Gerardo Otero (Director de Gendarmería) a Casa Rosada en todo el 2019”.
Fuente Gaceta Mercantil
