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El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires repudió la decisión del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, quien ratificó la resolución que obliga a integrar directorios y órganos de fiscalización de empresas privadas con paridad de género y que había sido dejada sin efecto por la Justicia y, en una inédita actitud, pidió el juicio político de los camaristas.
La institución que representa a los letrados porteños consideró un “amedrentamiento” la actitud del funcionario K, otrora apoderado de la familia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en las empresas Hotesur y Los Sauces.
“Ni la posición personal del Inspector General sobre esos asuntos, ni su intención de defender o reivindicar la competencia del organismo en materia de paridad de género (o en cualquier otra) justifican la emisión de esta inusual resolución en la que se desafía la autoridad del tribunal al ratificar ‘la plena vigencia de todo lo dispuesto’ en las resoluciones administrativas que la sentencia dejó sin efecto”, aseguró el Colegio de Abogados de CABA, en un duro comunicado.
“Del mismo modo -agregaron- es inadmisible el anuncio de un pedido de juicio político a los dos magistrados firmantes (fundado en una mera disconformidad con el contenido de la resolución judicial) pues la independencia de los jueces -clave para las instituciones republicanas- precluye la posibilidad de ser removidos con base en la mera discrepancia con el contenido de sus sentencias”.
En aquella resolución publicada en el Boletín Oficial, Nissen había anunciado que le iba a iniciar juicio político a los jueces de la Sala C de la Cámara en lo comercial Eduardo Machin y Julia Villanueva por haber anulado su resolución.
No conforme, Nissen pidió al INADI iniciar un sumario contra los camaristas -incluida Villanueva- por presunta discriminación contra las mujeres.
Según había informado Clarín, Nissen dispuso “ratificar la plena vigencia de todo lo dispuesto en las resoluciones generales IGJ n° 34, 35 y 42/2020 por la IGJ” sobre esa obligación de género para integrar directorios de empresas privadas.
“Esta respuesta del funcionario circunstancialmente a cargo de la Inspección General de Justicia es insostenible pues se trataría de un intento de amedrentamiento a los jueces encargados de la revisión judicial de sus decisiones, de un modo que afecta – por supuesto- la independencia del Poder Judicial y lesiona la división de poderes”, agregaron desde el Colegio de Abogados.
Concluyeron: “El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que la gravedad de esta conducta no puede ser minimizada, pues el adecuado ejercicio de las competencias administrativas, y -en especial- el funcionamiento de un sistema de control judicial suficiente y sin interferencias indebidas son las bases del funcionamiento armónico del sistema político republicano”.
En agosto del año pasado, Nissen ordenó por una resolución administrativa que las sociedades y asociaciones que se inscriban en la IGJ debían incluir en su órgano de administración “una composición que respete la diversidad de género” entre hombres y mujeres. La imposición generó controversias.
La IGJ lo estableció para las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado. La inclusión impuesta, según la normativa, debería darse en el órgano de administración o el de fiscalización societario.
Ante el revés judicial, Nissen -en otro hecho inaudito– anunció el impulso de un juicio político contra los camaristas por su fallo, desde el Boletín Oficial. Y apeló la sentencia a la Corte Suprema.
Nissen es el mismo funcionario que blindó los papeles del Instituto Patria para que no informe, como otras instituciones, sobre sus socios y financiamiento, algo que ya había hecho con las empresas de la familia Kirchner.
En su fallo, los jueces Villanueva y Machín habían planteado que la normativa impuesta por la IGJ “genera el interrogante acerca de si verdaderamente estamos en un ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual de los nombrados debe o no ser relevante”.
Los camaristas sostuvieron que “la llamada ‘perspectiva de género’ no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo”.
El fallo remarcó que “si bien parece indudable que las ‘acciones positivas’ ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo sobre la base de ‘preferir’ al grupo a cuya tutela se ordenan, esa preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con amparo constitucional”.
Piden la remoción de Nissen
Por su parte, desde la oposición pidieron la remoción de Nissen de su cargo. Fue el diputado Jorge Enríquez, de Juntos por el Cambio, quien justificó su pedido en que pide la embestida judicial del funcionario K busca “atentar contra el Estado de Derecho”.
“He presentado un proyecto expresando mi profundo repudio a la resolución del titular de la IGJ, Ricardo Nissen, en la cual anunció que iniciará un pedido de juicio político a los jueces de la Sala C de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que dejaron sin efecto la inconstitucional resolución que imponía la paridad de género en la conformación de los directorios de las empresas privadas”, comunicó Enríquez.
Y agregó: “Esta resolución no solo es un mamarracho jurídico sino un apriete a los jueces inconcebible en un Estado de Derecho”. “Debe ser removido inmediatamente”, exigió.
DS
Fuente Clarin
