El fondo de inversión Titan Colotium presentó este miércoles una demanda de “Enforcement” para obligar al Estado argentino a pagar una sentencia en su contra de 320 millones de dólares, la cual fue dictada originalmente en 2017 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Según el reclamo, la Argentina nunca pagó esta sentencia del CIADI, que había quedado en firme en 2019, poco antes del traspaso de la banda presidencial por parte de Mauricio Macri a Alberto Fernández. La presentación de Titan fue en los tribunales de Columbia, en el distrito de Washington, cuya corte deberá designar qué juez se hará cargo.
“El reclamo original había sido hecho por Teinver, la sociedad dueña de Air Comet, que en Argentina fue más conocida como Grupo Marsans”, dijo Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
La demanda, aun sin juez, podría extenderse un año hasta tener sentencia firme. De no haber un acuerdo previo, la Justicia de EEUU podría terminar fallando con el dictado de embargos contra bienes argentinos en ese país, incluidos los aviones de Aerolíneas que diariamente viajan a Miami y Nueva York.
Entre octubre de 2001 y julio de 2008, la sociedad Interinvest, dueña de las acciones de Aerolíneas Argentinas, había quedado en manos de Air Comet, una pequeña aerolínea española controlada a su vez por empresarios españoles del turismo, cuya marca más conocida era la agencia Marsans. En poco tiempo, aquí se los comenzó a llamar Grupo Marsans.
Marsans había comenzado su gestión con el apoyo de los gremios aeronáuticos, los cuales en 2001 se habían opuesto a un plan de ajuste de Aerolíneas que por entonces quería llevar a cabo el Estado español, que había recibido las acciones de la línea aérea luego de haber sido gestionada desde su privatización por Iberia y por American Airlines.
En junio de 2001, tras un prolongado paro contra la SEPI española a cargo de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Aerolíneas debió pedir su concurso preventivo. En octubre, fue el traspaso de las acciones desde la SEPI española a Marsans.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el vínculo con Marsans se fue deteriorando. El titular de la autoridad aeronáutica de ese gobierno era Ricardo Cirielli, el titular del gremio APTA (lo sigue siendo) que había hecho el paro contra la SEPI española. Su jefe inmediato era el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a quien los empresarios españoles acusaron de llevarlos al quebranto por no autorizarles las actualizaciones tarifarias que exigían.
Durante aquella gestión, además, fue que se autorizó la llegada de la aerolínea chilena LAN (luego sería LATAM Argentina) para meter una cuña en el mercado de cabotaje, que la Aerolíneas de Marsans dominaba casi por completo, tras la salida del mercado de competidores como LAPA, Dinar o Southern Winds.
Ya con Cristina Kirchner como presidenta, y Ricardo Jaime todavía como secretario de Transporte, Marsans terminó de tirar la toalla a mediados de 2008, cuando dejó de pagar un déficit mensual que por entonces rondaba los 25 millones de dólares.
En julio de 2008, Jaime y el ministro de Planificación, Julio De Vido, se hicieron presentes en el edificio de Aerolíneas en la torre Bouchard, para hacerse cargo de la empresa. Designaron como interventor al entonces ex intendente de La Plata, Julio Alak. Una ley que ese mismo año votó el Congreso puso las acciones de Aerolíneas “sujetas a expropiación”.
Un año más tarde, en julio de 2009, Alak fue reemplazado por Mariano Recalde, actual senador y dirigente de La Cámpora, quien se hizo cargo de Aerolíneas secundado por el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Para ese momento, uno de los tres dueños de Marsans, Gonzalo Pascual, ya había fallecido, mientras que sus socios, Gerardo Díaz Ferrán y el ex presidente de Aerolíenas, Antonio Mata, enfrentaban cargos de defraudación ante la Justicia española (luego serían condenados). Fue por entonces que presentaron la demanda por la expropiación de Aerolíneas ante el CIADI.
El fallo del tribunal del Banco Mundial demoró nueve años. En el medio, los españoles vendieron la titularidad del jucio a un fondo de inversión, Burford, por 25 millones de dólares. Burford, a su vez, cedió los derechos del juicio de Aerolíenas a otro fondo, Titan (habría pagado alrededor de 120 millones de dólares), el cual ahora busca cómo cobrar los US$ 320 millones.
Fuente Clarin
