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La causa por los ingresos a la quinta de Olivos cuando regía una estricta cuarentena, ordenada por el presidente Alberto Fernández, transita horas decisivas. El fiscal Ramiro González definirá si imputa al jefe de Estado en el marco del expediente junto a las diez personas que participaron del festejo. El abogado defensor del presidente tendrá tiempo hasta este jueves para presentarse formalmente ante la justicia.
“El objeto procesal de la presente causa apuntará a establecer la efectiva existencia de conductas en infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia”, firmó el fiscal el 5 de agosto, cuando dio impulso a la investigación.
En definitiva, en el expediente se busca determinar si las conductas denunciadas “pudieran configurar los delitos previstos en el artículo 205, como el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que establece la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere“.
Al principio, la fiscalía creyó que había elementos suficientes para dar impulso al caso. Esa impresión creció luego de que se difundieran las fotografías y días después los videos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos, de la que participó el Alberto Fernández.
Con el avance de la pesquisa y una gran cantidad de documentación bajo investigación, los integrantes de aquel encuentro que ocurrió cuando el DNU presidencial prohibía encuentros sociales y la circulación de quienes no eran considerados personal esencial, ya designaron abogados y se pusieron a disposición de la justicia.
Aunque designó como abogado a Gregorio Dalbón, el presidente es el único que aún no se presentó en el expediente. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que de no ponerse a disposición en las próximas horas, se le pedirá que asuma formalmente una defensa.
“Por qué me presentaría en una causa donde mi defendido no está imputado”, replicó el abogado ante la consulta de este diario. En Comodoro Py la respuesta es otra. En las próximas horas el fiscal resolverá si imputa a Fernández como partícipe de los hechos investigados.
Para tal caso, no alcanzaría – como sostienen fuentes del caso-, con los argumentos esgrimidos por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien señaló que no había ningún delito para imputar porque no hubo propagación del virus en la cuestionada fiesta.
La réplica en los tribunales a ese planteo es jurídica: “La infracción al artículo 205 del Código Penal es un delito de peligro abstracto. Como por ejemplo la tenencia de explosivos, delitos que no requieren el resultado“.
La situación respecto a qué rol cumplió Alberto Fernández en los hechos que se investigan hace quince días, se resolverá en breve. La fiscalía aún aguarda que su abogado asuma la defensa en la causa.
De hecho, su anuncio sobre la reparación económica que ofrecerá en el marco del caso, tendrá validez para la justicia sólo si Alberto Fernández se pone a disposición de la justicia.
Fabiola Yañez y seis de los participantes de la fiesta cuestionada ya lo hicieron. Están todos bajo la representación de Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo. Representarán a Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López, Fernando Consagra, Florencia y Rocío Fernández Peruilh.
Mauricio D’Alessandro a sumió la defensa de Stefanía Domínguez, apuntada por el gobierno como la responsable de filtrar la fotografía.
También asumió como defensor de la estilista Carolina Marafioti el doctor Alejandro Rúa, abogado de Amado Boudou en el caso Ciccone y defensor de Cristina Kirchner en el caso del Pacto con Irán.
Al colorista Federico Abraham lo defiende el ex juez federal Jorge Ballestero que dejó su cargo en la Sala II de la Cámara Federal porteña después de ordenar la liberación de Cristóbal López en la causa por la defraudación multimillonaria de la firma petrolera Oil Combustibles.
Fuente Clarin
