“Fue la Policía”: la desigual lucha con la Justicia cuando un femicida viste uniforme

En un papel, como si se pudiera listar la injusticia, Gustavo Melmann (65) anotó un punteo de cosas. Supo Melmann, a fuerza de 20 años de lucha, que no hay tiempo para llorar cuando el que mata tiene un uniforme policial y que esa información a tiempo puede ser la clave para la “lucha con la Justicia” que vendrá después.

Fue un día de 2008 que llamó a Leónidas Mateu (52), poco después de que encontraran el cuerpo de su hija, Mara, entre un tamarisco de Santa Teresita, para decirle que “cuidara las pruebas”.

Juntos exigieron que se cumplieran esos derechos, listados en dos “hojitas”. Hizo lo mismo cuando Manuel Iglesias (67) tuvo que intervenir en la investigación por el crimen de su hermana, también asesinada en Miramar, pero en 2011. Ahora los tres hacen esas llamadas o acompañan a otras víctimas, los une un dolor y una certeza: “Fue la Policía“.

Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2021 hubo en el país 155 femicidios, 9 transfemicidios y 13 femicidios vinculados de varones, según contabilizó la ONG Casa del Encuentro. De ese total, 17 de los crímenes fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, que se suman a los 205 contabilizados desde 2008.

Cuando la violencia de género y la violencia institucional se cruzan, la impunidad y la perversión recrudecen el dolor.

Tres historias, la misma lucha

A Natalia Melmann la secuestraron, violaron y mataron el 4 de febrero de 2001. Tenía 15 años y alguien le advirtió a su papá que “no se despegara del cuerpo” porque la “habían matado los ratis”. Melmann, que no sabía que ser “rati” significaba ser policía, tuvo que pelear hasta para viajar a la morgue custodiando el cuerpo de su hija. 

Como siete años después harían con Mara Mateu (16 ) en Santa Teresita, la habían estrangulado con el cordón de sus zapatillas en una escena “ordenada” y “controlada”. Se perdieron pruebas y se robaron evidencias. Lo mismo pasó cinco años después cuando la víctima fue Laura Iglesias (53), una trabajadora social del Patronato de Liberados, en un lugar alejado del centro de Miramar.

Fueron tres mujeres víctimas de violencia, abuso y femicidio, mucho antes que la Justicia supiera que esos crímenes debían tratarse desde otra perspectiva. Pero, además de la brutalidad, los une la metodología, una modalidad que -denuncian- era utilizada por la Policía en el corredor costero bonaerense.

Para ninguno la Justicia fue completa.

Gustavo Melmann y los cinco ADN

“Mi hija era una jovencita de tan solo 15 años que el 4 de febrero del 2001 fue secuestrada por la Policía bonaerense y llevada a las afueras de Miramar donde la violaron, la torturaron, la quemaron con cigarrillos y la terminaron estrangulando con el cordón de su zapatilla izquierda”, le dice Melmann a Clarín, como tantas veces contó.

El crimen de su hija conmocionó a Miramar, pero también al país con marchas masivas y puebladas exigiendo la verdad. Fue esa presión la que permitió identificar a algunos de los responsables.

“Ella fue porque estaba enamorada de un joven que se llamaba Maximiliano Mallol, que era amigo de un ex convicto llamado ‘Gallo’ Fernández y que finalmente la entrega a los policías para que la violaran. Tuvimos un juicio en el 2002, donde se condenó a Ricardo Suárez (58), a Ricardo Anselmini (53) y a Oscar Echenique (61), a la pena de reclusión perpetua. De ese juicio surgió que había que investigar a Ricardo Panadero y otra persona, de la que encontraron un rastro ADN que aún está sin identificar”, sintetiza.

Él, junto a otros familiares de víctimas, formaron “Atravesados por el femicidio”, un grupo de personas que se reúne con la intención de brindar asesoramiento y de acompañar a otras víctimas colaterales de la violencia de género.

Son 200 familias convocadas en una asociación no gubernamental que se retroalimenta de la contención y la expectativa de generar políticas públicas que permitan erradicar la violencia contra las mujeres. 

Mara Mateu y la impunidad

Mara Mateu tenía 16 años cuando fue víctima de un ataque sexual y asesinada el 24 de marzo de 2008 en Santa Teresita. La vieron por última vez la noche anterior, cuando la ciudad estaba llena de turistas. Había salido con sus amigos al centro, pero no regresó.

“En la subcomisaría de Mar del Tuyú me dieron la noticia de que la encontraron entre unos tamariscos y nada más que eso. De ahí en más empezó este calvario, esta lucha. A veces uno dice ‘la lucha con la Justicia’, cuando la Justicia tiene que ser un aporte, un sostén. Sin embargo, los que estamos en esto decimos es una lucha con la Justicia”, intenta describir Leónidas, sobre esos primeros días de desesperación.

Y sigue: “En ese momento no sabía nada, no entendía nada de cómo se manejaba la Justicia, cómo se manejaba todo en general. Lo único que sabía era que la última vez que la vi a Mara fue en el piso, en una bolsa negra y nada más”.

En medio de ese remolino, recibió la llamada de Gustavo Melmann: “Se me acercó y me trajo dos hojitas en un bar. Nos sentamos y me explicó más o menos cómo era la situación, lo que iba a tener que pasar o vivir y cómo manejarme con la causa. Eran en esas dos hojitas”, recuerda y sonríe, como si ese papel hubiera sido un salvavidas.

Por el crimen, en 2011, condenaron a Adrián Svitch y Diego Buzzo. La principal evidencia fue que el ADN de ambos estaba en el cuerpo de la adolescente. Pero, desde vínculos con Svitch con el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires hasta un policía que usó el teléfono de Mara, fueron algunos de los obstáculos de esta “lucha con la Justicia” que describe Leónidas.

“Una maestra, Alejandra Elichiribety, de ahí de Santa Teresita, tuvo el celular de mi hija. Es la hermana del policía Waldemar Elichiribety, que estuvo en la escena del crimen cuando tenía indicación de estar en la comisaría. Ella fue a juicio, pero, como no había muchas pruebas del encubrimiento, la absolvieron. Condenaron a Svitch y Buzzo a 35 años, el resto nada. No se investigó“, cuenta a Clarín el papá de Mara, con impotencia.

A Leónidas, como a Gustavo Melmann y a Manuel Iglesias les pidieron que se “conformaran” con las condenas conseguidas. La presión por “asegurarse” la cárcel para los autores materiales les impidió llegar a la verdad completa que todavía buscan. 

“Cuando te falta un hijo, ya no tenés mucho más para perder. Que aparezca una chica o una mujer violada, asesinada con el cordón de sus zapatillas, es raro. Tenemos la certeza de que estuvo involucrada la Policía. No teníamos las pruebas suficientes, ni tampoco tuvimos las respuestas suficientes”, insiste este hombre, que ahora trabaja junto a la Municipalidad del Partido de La Costa con otros familiares de víctimas.

Laura Iglesias y una deuda pendiente

El 29 de mayo de 2013, Laura Iglesias salió con su auto. Llevaba dos años viviendo en las afueras de Miramar y trabajaba en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Su trabajo, como asistente social, era visitar, acompañar y controlar a personas con prisión domiciliaria o  beneficios de libertad anticipada.

Ese día su auto se encajó en el barro. Como no quiso postergar sus tareas, le pidió que alguien la llevara y más tarde regresó a buscarlo. Esa fue la última vez que la vieron.

Al día siguiente encontraron su cuerpo a unos 200 metros del lugar donde su auto había quedado enterrado en el barro: la violaron y la asesinaron con el cordón de sus zapatillas. En su mano reposaba un sobre de papel madera. Una postura que -a la distancia- a su hermano le pareció demasiado “ordenada”.

Manuel habla con tono sereno y firme. Se desarma cuando recuerda el viaje -junto a otra de sus hermanas- en el que recibió el llamado que le contaba la peor noticia: Laura estaba muerta.

Con él también se contactó Melmann y fue así que reconocieron las similitudes de los casos. Otra vez Miramar y otra vez la misma mecánica del crimen. “Irregularidades hemos visto a montones, nunca nos pidieron su computadora para analizarla. Hubo una modificación de la escena del crimen, estuvo armada”, advierte Manuel, junto a Melmann y Mateu.

Otro de los puntos que inquietan a la familia Iglesias apunta al trabajo de Laura en el Patronato de Liberados. Es que, antes de ser asesinada, uno de los policías implicados en el crimen de Natalia Melmann, Oscar Etchenique, había conseguido salidas transitorias.

Una compañera de Laura Iglesias tenía a su cargo el control del cumplimiento, pero Etchenique no estaba en su casa como debía. Ese reporte le valió amenazas. Por eso, el siguiente control, lo realizó junto a Laura. Una de las sospechas fue que se hubieran confundido al cumplir con aquellas amenazas. Esa línea nunca se investigó.

Lo cierto es que Esteban Cuello es el único condenado por el crimen. Lo señalaron por sus antecedentes de abuso sexual y en 48 horas un ADN confirmaba su participación. “Nunca encontraron sus anteojos ni el elemento con el que la golpearon. El tema era encarcelar enseguida a este muchacho, que yo tengo la certeza de que estuvo y participó, pero no podría asegurar que fue él quien asesinó a mi hermana”, especula Manuel, todavía con dudas sobre lo que pasó.

Una frase resuena en las historias de Gustavo, Leónidas y Manuel. A los tres les cuestionaron la tenacidad: les pidieron que se conformaran. “El fiscal general me dijo: ‘ya tiene un condenado ¿qué más quiere?“, recuerda Manuel.

Se indigna ante la indiferencia con la que atendieron la investigación y dice: “Al menos para una porción de la Justicia no es necesario que caigan cinco femicidas, cinco criminales, con que caigan tres ya están conformes. Si esta es la Justicia que queremos, estamos fritos. Yo como integrante de esta sociedad quiero una cosa muy distinta”.

EMJ

Fuente Clarin