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Aunque proporcionalmente mucho menor a los escándalos de corrupción que fueron estallando durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, fue uno de los primeros casos de malversación de fondos públicos de los que el Néstor Kirchner acusó el golpe: el 8 de julio de 2007, una investigación de Clarín revelaba los desmanejos económicos de su secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
Repleto de pruebas, facturas, tickets, pasajes de avión y facturas de empresas turísticas, el trabajo revelaba el desvío de fondos del presupuesto de la secretaría -que acababa de ser multiplicado varias veces luego de su pasaje de la órbita del ministerio de Salud a la Jefatura de Gabinete, comandada por el padrino de Picolotti, Alberto Fernández– a una fundación semipública llamada ArgenINTA, desde donde se gastaba casi sin controles.
Muchos de esos gastos, a su vez, correspondían a compras y servicios privados de Picolotti y su círculo íntimo, que había sido incorporado a Ambiente entre centenas de contrataciones dispuestas por la funcionaria. Hermano, amigos, parejas de los amigos, y hasta la madre de Picolotti y la niñera estadounidense de su hija fueron beneficiados con pasajes de avión solventados por fondos públicos o directamente viajes contratados en jets privados.
La publicación de Clarín disparó cuatro denuncias penales, que fueron unificadas bajo la fiscalía de Guillermo Marijuan y el juzgado de María Servini. Luego de una extensa instrucción, durante la cual la ex funcionaria fue procesada y la tanto la Cámara Federal como la Cámara Federal de Casación confirmaron los procesamientos, el caso llegó a juicio oral en febrero de este año, y catorce audiencias después comienza a llegar a las instancias finales.
Este miércoles, desde las 8.30, el fiscal Diego Luciani sostendrá su acusación y podría pedir una pena para Picolotti ante el tribunal integrado por Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu. Dos semanas más tarde será el turno del abogado de la exfuncionaria, Felipe Trucco. El veredicto se conocería a fin de mes.
Picolotti está acusada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, un delito de corrupción que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Pese a la resistencia de Luciani durante los años en que la causa ya había sido elevado a juicio -en 2015- pero las audencias todavía no comenzaban, el TOF 6 permitió que Picolotti primero viajara y luego se mudada a Estados Unidos, donde ahora vive en una acomodada residencia en la exclusiva zona de Palm Beach, al norte de Miami.
Fuente Clarin
