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La necesidad de generar acuerdos políticos y sociales en un país con una brecha profunda, de evitar manipulaciones de la Justicia y de respetar la Constitución Nacional, fueron algunas de las conclusiones que dejó la jornada de debate con juristas, economistas y diputados nacionales organizada este martes por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su ciclo “Diálogos para la Argentina”.
El encuentro, titulado “La previsibilidad como factor de progreso y desarrollo”, se realizó de manera virtual y contó con cuatro paneles.
Uno de ellos estuvo integrado por los diputados nacionales Graciela Camaño (Consenso Federal), Silvia Lospennato (PRO), Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) y Gustavo Menna (UCR), quienes protagonizaron contrapuntos al exponer sobre el tópico “Reformas en la Justicia y consenso político”.
Para Camaño, “necesitamos un consenso que se exprese en el Congreso pero que también esté en las fuerzas políticas. El consenso para la reforma de la Justicia es un consenso superlativo. Tiene que estar en la fuerza política, en los legisladores y en el propio Poder Judicial”.
Lospennato consideró que “el populismo de derecha y de izquierda es una forma degradada de la democracia, va erosionando toda nuestra arquitectura institucional y siempre intenta avanzar contra la independencia del Poder Judicial”.
El oficialista Pérez Araujo planteó: “Cuando hablamos de reforma judicial tenemos que hablar de un status quo del Poder Judicial al que parecía que nos querían acostumbrar: la designación de jueces amigos, la manipulación por parte del poder político y el espionaje político. Creo que todos y todas tenemos un diagnóstico preciso en este sentido que nos lleva a entender desde las distintas fuerzas políticas que es necesario una reforma a la Justicia”.
Menna salió al cruce de esos conceptos: “Creo que ciertamente el consenso no precedió a estos proyectos que tienen estado parlamentario. No es una reforma judicial lo que fue aprobado en el Senado. Tiene que ver con una creación de órganos judiciales exorbitantes, pero que tiene un objetivo claro que es Comodoro Py y lo enmascara“.
En otro módulo, los abogados Daniel Sabsay, Hugo Burgenik y María Angélica Gelli expusieron sus miradas sobre la propiedad privada como eje de una sociedad libre, moderados por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín. Puntualmente, se refirieron a los conflictos en la Patagonia por las tomas de tierras que llevan adelante grupos mapuches.
“En la resolución de este conflicto tenemos un Estado mal presente: el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) está sujeto a la ideología del Gobierno de turno. Es un problema político muy serio y grave. Relevemos las tierras, otorguemos las que corresponda otorgar y terminemos este conflicto, porque si no es eterno”, señaló Burgenik.
“La Constitución declara la propiedad privada como inviolable y nadie puede ser privado de ella sin una ley razonable. Este principio se extiende a los actos administrativos del Estado. La Ley 26.160 ha devenido inconstitucional porque impide la concreción de una de las garantías básicas de la propiedad, que es la defensa en juicio de los derechos, al demorar sine die los desalojos de tierras ocupadas con dueño registrado”, apuntó Gelli.
En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay indicó: “Personas que nunca tuvieron ningún tipo de problemas, de repente se ven invadidos y agredidos. Se trata de comisión de delitos, porque esas tierras no fueron tomadas por la vía legal, si no de hecho y sin ningún derecho establecido. Lo que hace el INAI pone en riesgo en riesgo el principio de separación de poderes”.
En otro panel, denominado “Previsibilidad y economía”, los economistas Marina Dal Poggetto, Marcos Buscaglia y Fernando Marengo coincidieron en que hace falta construir acuerdos para tomar las decisiones que saquen al país del estancamiento.
Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, advirtió que “sin previsibilidad judicial, económica y política no hay posibilidad de construir una república estable”.
“Vivimos una situación de empate hegemónico entre dos proyectos de país contrapuestos y requerimos algún grado de acuerdo acerca de cómo seguir”, abrió Dal Poggetto. Y Buscaglia advirtió: “Argentina va a llegar a la elección con pocas reservas, con tarifas atrasadas, con un tipo de cambio atrasado y un gasto elevado. Tendremos dos años muy movidos luego de las elecciones”.
Los juristas Antonio María Hernández, Juan Vicente Sola y María Gabriela Ábalos debatieron luego sobre el federalismo argentino.
“La emergencia durante la pandemia fue usada para eliminar el federalismo y gobernar de forma unitaria”, cuestionó Hernández.
Sola, por su parte, planteó: “El federalismo argentino es extremadamente débil en materia de competencias, pero muy fuerte en términos políticos. Las provincias han renunciado a sus competencias, pero la negociación política es con los gobernadores. Este federalismo corre el riesgo de convertir al país en un oligopolio político, una especie de cartel de gobernadores que perjudica a sus habitantes“.
En el cierre de la jornada, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Alberto Garay, remarcó: “Arrastramos largas décadas de inestabilidad e intromisión en el Poder Judicial. Todos los gobiernos han querido manipular a la Justicia y pocos se han preocupado por la independencia del Poder Judicial. Nuestro problema histórico es que, contrariamente a los que se dice, los gobiernos no han querido tribunales independientes y es eso lo que tenemos que bregar”.
Y concluyó: “Sin previsibilidad judicial, sin previsibilidad económica y sin previsibilidad política no hay posibilidad de construir una república estable. Y sin estabilidad quienes más van a sufrir siempre son los que menos tienen. Los que más tienen siempre tienen posibilidades de buscar soluciones y si no se van, como está ocurriendo”.
Fuente Clarin
