La estilista de la primera dama, a través de su abogado, hizo una presentación ante la Justicia con un descargo contra la Fundación Apolo
Otra de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez propuso reparar el daño por haber violado la cuarentena a través de una conciliación. En una presentación, Carolina Marafioti, estilista de la primera dama, siguió así los pasos del presidente Alberto Fernández. El escrito –al que accedió LA NACION– fue firmado por su defensor letrado, Alejandro Rúa. Rúa se basó para solicitar esa conciliación en el artículo 59 del Código Penal y en el 22 del Código Procesal Penal Federal.
Se establece allí que existen alternativas a un juicio en una causa judicial. Una de ellas es, de acuerdo al inciso 6°, “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Propone en ese sentido la “extinción de la acción penal”.
Alberto Fernández, Yañez, Marafioti y una decena de personas se juntaron el 14 de julio de 2020 a celebrar el cumpleaños de Fabiola Yañez. El festejo lo hizo público la periodista Guadalupe Vázquez en LN+, y el Presidente, que primero había sugerido que no se había hecho ninguna reunión social, no tuvo más remedio que admitirlo.
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Para saldar la violación de la cuarentena, que en ese momento era estricta e implicaba sanciones, ofreció a la justicia donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.
El abogado de Marafioti sugiere seguir esa misma línea y realiza un duro descargo contra la Fundación Apolo, que se presentó en la causa. Dicha Fundación, vinculada a Yamil Santoro, es para Rúa “un sello de goma” utilizado para hacer denuncias “tan mediáticas como tendenciosas” y que una y otra vez “son desestimadas por los tribunales”. Le endilga, también, a la Fundación, una “militancia reaccionaria”.
Tal como publicó LA NACION, Marafioti es la estilista personal de Yañez desde que Alberto Fernández asumió como presidente y trabaja también con reconocidas personalidades del mundo del espectáculo.
La causa penal estuvo hasta hoy en la justicia federal de Comodoro Py. Pero el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y la envió a San Isidro, jurisdicción que tiene que saldar los hechos sucedidos en la Quinta presidencial de Olivos.
Uno de los argumentos para llegar a un acuerdo y evitar un juicio, citado por el abogado, es parte de los artículos mencionados. Dice así: “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”
Fuente La Nación
