A la espera de la designación del juez que quedará frente al expediente que investiga el cumpleaños de Fabiola Yañez el 14 de julio del 2020, cuando regía una estricta cuarentena, su vestuarista Carolina Marafioti, representada por el abogado Alejandro Rúa, presentó un escrito anticipando que buscará -al igual que el presidente Alberto Fernández-, llegar a un acuerdo de reparación con la fiscalía.
La causa investiga los ingresos a la quinta de Olivos cuando se encontraba vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), más específicamente el cumpleaños de la primera dama. La normativa prohibía, entre otras cuestiones, que se abrieran los comercios no esenciales y el desplazamiento de personas por las calles: en ese momento, nadie que no fuera esencial podía circular.
Además, el decreto consideraba un delito mantener reuniones de más de diez personas en lugares cerrados. La noche del cumpleaños había al menos 13 personas en el comedor de la residencia presidencial: las 12 que aparecen en las fotos y quien tomó la imagen.
Hace una semana, el fiscal federal Ramiro González imputó al presidente Fernández, a Fabiola Yañez y a todos los asistentes al festejo. Se le atribuyó responsabilidad al Presidente de la Nación por la violación del artículo 205 del Código, que prevé una pena de 6 meses a dos años de prisión para quien “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Ese delito y otros conexos eran los que contemplaba el DNU que firmó el Presidente en el inicio de la cuarentena -en marzo de 2020- y que fue prorrogado con variaciones menores a lo largo del año pasado y también en 2021.
La decisión del representante del Ministerio Público Fiscal, fue minutos después del pedido de sobreseimiento del jefe de Estado, quien planteó una inexistencia del delito, basado en que no hubo propagación del virus del Covid-19 y se refirió, entre otras cosas, a que los invitados a la fiesta “no relajaron” ni “omitieron” los protocolos impuestos.
A través de aquel escrito, el Presidente ofreció una reparación económica: la mitad de su salario durante cuatro meses. Su planteo aún no fue respondido por la justicia, después de que el juez Sebastián Casanello entendió que como los hechos investigados ocurrieron en la quinta de Olivos, la causa debía tramitarse en San Isidro que tiene jurisdicción sobre el lugar.
Retomando aquella propuesta de Alberto Fernández, el abogado Alejandro Rúa que representa a Carolina Marafioti, una de las asistentes a la fiesta del 14 de julio del año pasado, anticipó ante la Justicia la pretensión de “arribar a un acuerdo conciliatorio como medida alternativa de solución de conflictos”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.
El abogado defensor señaló que para obtener la extinción de la acción penal, buscarán negociar con la fiscalía. “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”, explicó Rúa.
Además, en el escrito se criticó a la Fundación Apolo uno de los denunciantes del caso. “Tras su sello de goma y sin que se les conozca ningún prestigio académico ni de ningún otro orden, se dedican en el marco de su militancia reaccionaria a hacer denuncias tan mediáticas como tendenciosas que una y otra vez son desestimadas en los tribunales”:
Al respecto, agregó que las presentaciones de la Fundación “son pobres presentaciones lejos de enriquecer el debate lo opacan y oscurecen: “Nada respetan. Nada. Y lo peor, sin ganas ni calidad. Exentos de dignidad, manosean, abaratan y menosprecian”, concluyó.
Según los registros de la quinta de Olivos, Marafioti ingresó junto a Federico Abraham a las 22. Él es peluquero de Yáñez. Ingresó varias veces a la Quinta en 2020 incluso cuando la peluquería era una de las actividades prohibidas en 2020 por ser considerada no esencial.
Carolina Marafioti, en tanto es parte del equipo estético de Yáñez. En su caso, es la encargada de elegir el vestuario que usará en sus apariciones públicas. Ambos, como los demás asistentes al festejo, se encuentran imputados. Se retiraron de la fiesta entre la 1:44 y la 1;147 de la madrugada del 15 de julio de 2020. Las fotos muestran que al menos en ese momento, no había ningún cumplimiento de los protocolos que hablaban del distanciamiento social, como el uso de tapabocas.
La figura jurídica a la que ahora apela Marafioti y que busca obtener el presidente de la Nación, se llama conciliación por reparación, pero respecto de ella hay un debate jurídico.
En noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, puso en vigencia un conjunto de artículos, entre ellos el número 34, que se refiere a la reparación.
El mismo sostiene que la conciliación se puede aplicar “en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte”. Es decir, en hurtos o accidentes por imprudencia, por ejemplo.
Sin embargo, pese a no tratarse este caso de un delito que aplique a esas categorías, para los particulares no así para los funcionarios públicos, hay antecedentes en la justicia federal. La fiscal Alejandra Mangano llegó a un acuerdo con el joven que vino en buque desde Uruguay con Covid positivo y obligó al aislamiento de 400 pasajeros.
Fuente Clarin
