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La Argentina cuenta con 403 empresas recuperadas a comienzos del siglo, que incluyen más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado,
El director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo “Vasco” Murúa, destacó que a 20 años del proceso de salvataje y autogestión de unidades productivas por sus trabajadores y trabajadoras, “el sector está mucho mejor, no hay ninguna empresa recuperada cerrada, no se cayó ninguna“.
“Hemos llegado a cada una de las fábricas con la implementación de los programas que diseñamos en la Dirección, todos los puestos de trabajo se mantuvieron, hemos recuperado más empresas, y hemos mejorado el retiro de los compañeros”, dijo Murúa en declaraciones a Télam.
La Argentina cuenta con 403 empresas recuperadas a comienzos del siglo, que incluyen más de 18.000 puestos de trabajo autogestionado, según los datos del Registro Nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social (Renacer).
Esas compañías, mayormente de los rubros de alimentos, metalúrgicos, gastronomía, construcción y textil, se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (284), pero también en la zona Centro (48), el Noreste (34), el Noroeste (21) y la Patagonia (16).
“Hemos llegado a cada una de las fábricas con la implementación de los programas que diseñamos en la Dirección, todos los puestos de trabajo se mantuvieron, hemos recuperado más empresas, y hemos mejorado el retiro de los compañeros””
Eduardo Murua
Murúa admitió que la pandemia de Covid-19 agravó el contexto crítico en que se encontraban las empresas autogestionadas luego de las políticas recesivas del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual algunas de esas compañías “tienen algún problema en el salario, que es muy reducido, pero todas están trabajando y todas tienen el acompañamiento de nuestra Dirección”, que depende de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.
“Logramos llegar con subsidios, con mejoras en sus maquinarias y con lo urgente: muchas empresas ya están obteniendo o ya tienen tarifas diferenciadas en servicios de luz y gas, y trabajamos todos los días en el proceso de transformar esa tarifa”, afirmó el funcionario.
En la Dirección informaron que más de 7.000 trabajadores de empresas recuperadas perciben el programa Potenciar Trabajo (ayuda que equivale a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil) y ya fueron entregados $ 750 millones en proyectos de fortalecimiento de esas compañías.
“Hemos llegado a cada una de las fábricas con la implementación de los programas que diseñamos en la Dirección, todos los puestos de trabajo se mantuvieron, hemos recuperado más empresas, y hemos mejorado el retiro de los compañeros”, dijo Eduardo Murúa.
Por otra parte, Murúa destacó el trabajo conjunto “con todas las empresas y con la Secretaría de Energía (tanto con el ENRE y como con el Enargas), para ver cómo solucionamos los temas particulares de cada una de las empresas”.
Por lo pronto, agregó, “ninguna sufrió un corte a pesar de que tenían una deuda, a la que pusimos bajo un paraguas y hoy la mayoría de los compañeros están pudiendo pagar la totalidad de la tarifa”.
Utilidad pública
El fundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) señaló que “durante la pandemia mantuvimos todas las fábricas trabajando, pero todavía nos cuesta acompañar el pequeño proceso de crecimiento que hay, porque nos sigue faltando el instrumento de crédito que todavía no tenemos dentro del Ministerio, una de las cosas que nos propusimos y aún no pudimos lograr”.
Desde el MNER y la Dirección se impulsa la sanción de la Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas, que apunta a reconocer institucionalmente a las empresas recuperadas por sus trabajadores, declarar este proceso de utilidad pública y diseñar herramientas de apoyo.
“Planteamos un proyecto junto a los trabajadores para modernizar la Ley de Quiebras, evitar que se cierren las empresas y que continúen en manos de los trabajadores sin ningún costo para la sociedad. Si logramos tener esa ley será una conquista muy fuerte”, sostuvo Murúa.
“Lo que estamos planteando, detalló, es la capitalización de la deuda que tienen esas empresas quebradas con el Estado, bancos oficiales, AFIP, municipios, junto a los créditos que tienen los trabajadores, y que la empresa quede en manos de los trabajadores”.
El funcionario aclaró que, según el proyecto, presentado hace más de un año en el Congreso nacional, pero aún no tuvo tratamiento en comisiones, “la propiedad queda en manos del Estado, pero con un comodato a los trabajadores de la cooperativa”.
“Estamos incorporando al Registro a empresas provinciales que no tenían un vínculo efectivo con el movimiento, para ver qué necesitan, con mirada en lo urgente y después en lo necesario, para que se consoliden”, explicó el funcionario.
Murúa remarcó por último el respaldo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para acompañar y sostener a empresas recuperadas de alimentos, así como de los organismos de ciencia y tecnología para asistencia técnica, capacitación y transferencia tecnológica.
Fuente Telam
