Argentina
España
USA
Israel
La ex subdirectora de la AFIP de la gestión de Mauricio Macri, Jimena De La Torre, afirmó este sábado que la actual titular del organismo Mercedes Marcó del Pont “incumplió con sus deberes de funcionario público”, al retirar la demanda civil contra Cristóbal López y Fabián De Sousa por el perjuicio que su fraude fiscal de $ 8 mil millones al Estado.
Además, la abogada y presidenta de la agrupación Bases Republicanas dijo que los “los argumentos de Marcó del Pont para desistir esta semana de la querella ante el juicio oral por esa deuda de Oil Combustibles son totalmente extemporáneos“. El fiscal de juicio, Juan García Elorrio, decidirá el 23 de este mes si pide una condena de los empresarios K o acepta la jugada de Marcó del Pont.
Y estimó que a esa deuda de mil millones de dólares (al tipo de cambio de 2016), “habría que sumarle, aproximadamente, otros mil por intereses, una multa y por el perjuicio ocasionado al Estado”. Ese es el dinero que “el estado se perdió de cobrar” por Marcó del Pont, aseguró.
Apenas conocidas las primeras declaraciones de un ex funcionario de la AFIP sobre la polémica decisión de Marcó del Pont de retirarse de ese juicio, el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y ex asesor de Cristóbal López lanzó una furibunda respuesta para defender al empresario K.
De la Torre también aclaró que “no se puede decir que el hecho de bajarse de la querella es un delito penal”. “El problema es que los argumentos que utiliza Marcó del Pont no tiene que ver con los hechos investigados y ahí está la irregularidad”, dijo a Dato sobre Dato de radio Milenium.
El diputado de Juntos por el Cambio Juan López anunció que la semana próxima presentará una denuncia penal contra Mercedes Marcó del Pont por haberle dado un advenimiento a Oil en la quiebra, dejarla ingresar a la moratoria y dejarse de ser querellante en los juicios penal y civil.
De la Torre sostuvo que “la deuda histórica de Oil era unos 8 mil millones de pesos en ese momento eran mil millones de dólares” por la retención indebida del impuesto a los combustibles. Oil era agente de retención de la AFIP de ese impuesto que no lo pagó, argumentando que estaba en crisis y, según el fiscal Gerardo Pollicita, usó el dinero para comprar medios como radio 10 y C5N.
Por el transcurso del tiempo y la devaluación de la moneda “fue perdiendo valor” esa deuda. A eso “después se le terminó calculando en alrededor de 16 mil millones de pesos por los intereses” destacó. Pero todavía “le faltaba sumar la multa y el perjuicio contra el Estado Nacional”. Por ejemplo, “hay que preguntarse cuántas escuelas y hospitales podía haber hecho el Estado si Oil hubiese pagado en tiempo y forma esos millones de dólares”, subrayó. El juicio civil lo llevó adelante el ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra.
De La Torre recordó que históricamente “la AFIP cuando cualquier contribuyente entra en juicio con la AFIP, lo continúa hasta la Corte Suprema si es necesario y no se baja de la pretensión fiscal”.
Se preguntó “¿Por qué no se bajan los funcionarios de la AFIP en otras causas aún cuando saben que no tienen la razón en muchas veces? No se bajan porque el bajarse conlleva el riesgo de incurrir en el incumplimiento del deber de funcionario público”.
“El administrador y los funcionarios de AFIP tienen la obligación de proteger las arcas del Estado, entonces en el momento en que Marcó del Pont desiste de reclamar daños y perjuicios a Cristobal López y De Sousa, está generándole un perjuicio al Estado Nacional. Está incumpliendo con su deber de funcionario”, insistió.
La ex funcionaria de la AFIP de la gestión de Leandro Cuccioli recordó cómo se tapó, al principio, el uso de facturas truchas de una “usina” de Bahía Blanca a Lázaro Báez y luego se desmanteló la sucursal bahiense. Luego denunció que “la dirección de la DGI de Bahía Blanca estaba a cargo de Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner”.
“Hoy ella es la número uno de la DGI. Entonces quien encubrió durante muchísimo tiempo estas maniobras de evasión y lavado de Lázaro Báez, hoy fue premiada con la Dirección General Impositiva”, afirmó. La sucursal bahiense tenía jurisdicción sobre la Patagonia.
Ante el argumento de Marcó del Pont para bajarse de la querella justo cuando empezaron los alegatos del juicio oral, De La Torre afirmó que “de ninguna manera hubo una persecución a Cristóbal López y De Sousa”.
Antes que nada “los argumentos de Marcó del Pont para decidir desistir de la querella son totalmente extemporáneos con el delito que se está investigando” porque el fraude fiscal fue entre el 2012 y el 2015 y la denuncia del empresario K es por el año 2016.
“Más que una defraudación fiscal, lo que hay es una defraudación al Estado a través de un administrador federal infiel, Ricardo Echegaray, que en vez de gestionar el cobro de deudas y cumplir con su deber, le otorgaba un pedal financiero a una compañía amiga del poder sin ni siquiera probar que esta compañía estaba en crisis”, explicó.
Luego hizo una salvedad jurídica. “Tenemos que tener en cuenta que hay una moratoria que permite, cuando uno ingresa y termina de pagar hasta la última cuota, extinguir la acción penal en el caso de delitos tributarios comunes. Lo cierto es que acá no estamos ante un delito fiscal, estamos ante una defraudación del Estado”, aseguró.
El riesgo que “corremos es que el tribunal oral comparta el criterio del 2018 de la Cámara Federal que cambió la calificación penal de fraude al estado a evasión fiscal, lo cual es un disparate”.
En Twitter, Anibal Fernández afirmó en cambio que “la AFIP retiró la querella porque está probada la desviación de poder, la nulidad de los actos administrativos que dictaron el decaimiento de los beneficios”.
“Analicemos los dichos de esta corrupta que formó parte del “grupo de tareas” de la AFIP” afirmó en alusión al ex jefe de Gabinete sobre De la Torre.
“Si AFIP hubiese continuado con la querella, comprobada la corrupción administrativa… de Abad, Cuccioli, Jaime Mecikovsky etc, provocaría un perjuicio indebido y agravaría las condiciones de responsabilidad del Estado”, añadió el funcionario K.
“Usted, Talarico, Federicci, Carrió, Olivetto, D’Alessio y toda la mesa judicial con el prófugo de Pepín Rodríguez Simón a la cabeza tienen que saber que son solidariamente responsables por el daño indebido infligido al grupo Oil”, destacó. “Esperemos que no se insolventen fraudulentamente y tengan bienes para responder a los daños y perjuicios” en eventuales juicios de Cristóbal López, amenazó el funcionario K.
“Oil era responsable por deuda propia y adhirió a un plan dictado al amparo de una norma reglamentaria, que benefició a cientos de contribuyentes, que estaban en igualdad de condiciones”, finalizó en su acérrima defensa del empresario dueño de C5N donde Aníbal participa de un programa de TV.
Fuente Clarin
