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La lista de planteos de Cristina Kirchner contra el presidente Alberto Fernández, es extensa. Entre los reclamos hay uno constante: su situación frente a la justicia federal que la investigó y multiprocesó por corrupción. Pese a que el jefe de Estado está imputado en la causa por la violación a la cuarentena, no acumula juicios orales y a diferencia de la vicepresidenta, mantiene un diálogo informal con Comodoro Py. En esta última semana, se firmaron resoluciones que la complican y quedan pendientes decisiones claves.
Mientras la vicepresidenta aguardaba los cambios de gabinete pedidos a Alberto Fernández, mantuvo sendas reuniones en su despacho del Congreso de la Nación. Hay otra cuenta que realiza en paralelo Cristina Kirchner: las bancas en el Senado que podrían perder si en noviembre se replican los números de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
De ocurrir eso el oficialismo ya no contarían con la mayoría para proyectos claves como la reforma judicial que tiene como principal foco de las críticas Comodoro Py, donde se investiga la corrupción. Pero en el Congreso se busca avanzar con la reforma propuesta por el kirchnerismo sobre la ley del Ministerio Público Fiscal que entre otros aspectos, modifica los requisitos para designar al próximo procurador general, el jefe de todos los fiscales.
El Senado es además, el responsable de aprobar los pliegos de los jueces para los diferentes fueros. En una de las últimas sesiones previo a las Primarias celebradas hace dos semanas, el oficialismo designó 33 nuevos magistrados. La justicia sigue siendo un objetivo firme.
Mientras dejó explícito su desacuerdo con ciertos integrantes del gabinete de Fernández, Cristina mantuvo intacta a su línea judicial: nunca estuvieron dentro de la negociación en la crisis que afronta el Gobierno.
Así fue que mantuvo a Martín Soria como ministro de justicia y a Juan Martín Mena como vice de la cartera. Nunca fue una opción que dejen sus cargos. Son responsables de impulsar la reforma judicial, tienen a su cargo el programa de protección de testigos, el Servicio Penitenciario Federal, entre otros aspectos.
Soria además cumple otro rol, es vocero del discurso crítico hacia el fuero federal penal responsable de procesar a Cristina Kirchner en ocho expedientes diferentes. Abonó la teoría de la vicepresidenta sobre el lawfare y una abierta confrontación con algunos jueces federales.
La lista es más extensa. Carlos Zannini, Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, continuará en su cargo, como Felix Crous en la Oficina Anticorrupción, Ricardo Nissen (ex apoderado de las empresas de Cristina Kirchner) frente a la Inspección General de Justicia (IGJ) donde esas firmas deben presentar sus balances y memorias.
Gerónimo Ustarroz hermano de crianza de Wado de Pedro, seguirá siendo el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura -donde se remueven y designan jueces-. Seguirá también Carlos Cruz como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y sobre todo su segunda, la cristinista Mariana Quevedo o la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Pero en simultáneo en Comodoro Py las malas noticias para la ex Presidenta continúan llegando: esta semana se firmaron dos resoluciones que la involucran. La primera de ellas ordenó que se defina su situación en la causa por la que Lázaro Báez fue condenado a doce años por lavado de dinero. La Sala II de la Cámara federal porteña pidió que el juez Casanello la sobresea o caso contrario, la procese.
También se confirmó en otro fallo, que el financista K, Ernesto Clarens, lavó 160 millones de dólares que provenían de los contratos viales que el gobierno kirchnerista le otorgó al Grupo Austral, propiedad de Báez. Es una caso conexo al único juicio que tiene en pleno desarrollo la vicepresidenta por la presunta corrupción en la obra pública. Allí hace dos semanas se corroboró que en un año Báez realizó 19 contratos con documentación irregular y que no concluyó esas obras.
En este fuero hay más medidas que deben adoptarse y que pueden complicar la situación judicial de la vicepresidenta: el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) en las próximas semanas definirá si se verá la foto de ella sentada en el banquillo de los acusados en el marco de la causa que inició con la denuncia de Alberto Nisman, donde se la acusó de encubrimiento por la firma del Pacto con Irán.
Pero bajo la lupa también están sus hijos: el fiscal Eduardo Taiano avanza en la investigación sobre el patrimonio de más de $ 290 millones de Máximo Kirchner, para saber si se enriqueció ilícitamente. En tanto el TOF 5 recibirá en estos días la última pericia con la que se encontrará habilitado para poner fecha de inicio de juicio en los casos Hotesur y Los Sauces, las empresas de la familia Kirchner donde ellos están acusados por blanqueo de activos.
Otro número expone el malestar de la vice con la justicia: siguen vigentes los embargos por más de $ 12.000 millones y la inhibición general de bienes. Eso es algo que por ahora, no logró revertir.
Fuente Clarin
