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Human Rights Watch denunció, a través de un informe presentado entre la noche del domingo y la madrugada del lunes (hora argentina), que decenas de opositores al gobierno de Nicaragua detenidos en los últimos meses, la mayoría de ellos por “traición a la patria”, afrontan cargos sin pruebas y a menudo han sido sometidos a largos interrogatorios, además de estar en condiciones abusivas de detención.
En un informe de nueve páginas, HRW recuerda que el Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha acusado a muchos de los arrestados de cometer delitos graves sin aportar pruebas que fundamenten los cargos, lo que consideró que deja en evidencia que se trata de “persecuciones por motivos políticos”, en represalia por su oposición.
Desde finales de mayo pasado, las autoridades han detenido “arbitrariamente”, según HRW, a 36 figuras críticas con el gobierno de Nicaragua, país donde se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega se presenta a la reelección.
Para elaborar este informe, HRW ha entrevistado por teléfono a 19 personas que tienen conocimiento de 28 de esos 36 casos, además de examinar fuentes oficiales, como comunicados del Ministerio Público y la Policía, documentos judiciales, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
Desde agosto el Ministerio Público ha presentado cargos contra la mayoría de los arrestados en procesos penales, que, indica HRW, se llevan a cabo “sin garantías básicas del debido proceso”.
Nicaragua se prepara para unas elecciones que tendrán a la mayoría de los candidatos opositores privados de su libertad. Foto Oswaldo Rivas/Reuters
Los detenidos se enfrentan a acusaciones que pueden acarrearles penas de 15 a 25 años de prisión y que van desde “lavado de dinero” hasta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en el texto que la celeridad con la que se han llevado a cabo estas detenciones, con acusaciones sin base y sin el debido proceso, demuestra que “Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”.
Vivanco subrayó que “el Gobierno de Ortega debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, y la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre el Gobierno para aumentar el costo de sus prácticas abusivas”.
Los familiares que pudieron ver a los detenidos, en algunos casos después de meses, denunciaron que sufren “condiciones de detención abusivas”, ya que no se les da comida suficiente y disponen de un tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre.
Además, son sometidos a interrogatorios diarios sin la presencia de un abogado y, en algunos casos, a aislamiento prolongado, aseguran los parientes de los arrestados.
Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Foto Alfredo Zuniga/AP
HRW recordó que el confinamiento solitario prolongado, es decir, aquel que se extiende por 15 días consecutivos o más, constituye tortura y está prohibido por el derecho internacional.
Según la ONG, entre el 28 de mayo y el 6 de septiembre, el Ejecutivo llevó a cabo una ola de detenciones arbitrarias para facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo en noviembre.
La policía arrestó a siete candidatos presidenciales opositores y a 29 críticos del Gobierno, entre ellos opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y líderes comunitarios y del sector privado.
En algunas ocasiones, agregó HRW, la policía utilizó violencia durante las detenciones, e incluso golpeó a personas que no mostraron resistencia.
La organización destacó que la mayoría han sido procesados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y no se les han concedido las garantías más básicas del debido proceso.
HRW detalló que muchos han estado incomunicados durante meses, sin visitas familiares o acceso a sus abogados, pese a los numerosos recursos presentados ante los tribunales.
De hecho, las autoridades les impidieron a los abogados estar presentes durante las audiencias públicas, asignándoles defensores públicos en su lugar. Durante meses, la mayoría de los letrados no tuvieron acceso a documentos judiciales, a pesar de solicitarlos en reiteradas oportunidades, denunció el grupo.
En los casos en los que HRW pudo examinar las acusaciones, los fiscales generalmente no identificaron acciones que sustentaran los cargos contra los acusados.
Con información de EFE
DB
Fuente Clarin
