Por Mónica Filippi
El INDEC informó que la pobreza se mantiene tan alta como en el peor momento del confinamiento. En el Cono Sur, la Argentina es el país que sufre el mayor empobrecimiento de la población. La baja capacidad de gerenciamiento público explica la poca eficacia del creciente gasto asistencial
El actual gobierno asumió en un contexto de profunda crisis económica y social. A los tres meses de iniciada su gestión, en marzo del año pasado, la pandemia lo puso en una encrucijada. El coronavirus que había brotado en China se movió a Europa y se difundieron dramáticas imágenes de terapias intensivas desbordadas y muertes masivas. Ante la incertidumbre y la angustia tomó impulso la idea de encerrar a la población para evitar el contagio. Esto planteaba un dilema muy difícil de resolver porque implicaba agudizar el sufrimiento económico y social.
La decisión del gobierno nacional –con amplio apoyo de diversos sectores– fue inclinarse por el confinamiento estricto y prolongado. Países vecinos, como Chile y Uruguay, administraron el encierro focalizándolo en los lugares donde la infección era más intensa. En el caso de Uruguay además el aislamiento fue aconsejado, pero no impuesto. Un año y medio después los resultados son que Argentina acumula 2.500 muertos por millón de habitantes, mientras que Chile 2.000 y Uruguay 1.800. Desde el punto de vista sanitario, el encierro estricto no evitó tener más muertes.
¿Qué pasó desde el punto de vista social? Según un informe del Instituo de Desarrollo Social Argentino (IDESA) basado en datos del Ministerio de Desarrollo Social de Chile y las oficinas de estadísticas de Uruguay y Argentina, se observa que:
- En Uruguay la pandemia produjo un aumento de la pobreza del 8% al 12% de la población total.
- En Chile antes de la pandemia la pobreza era también de 8% y subió a 11%.
- En Argentina la incidencia de la pobreza era de 35% antes de la pandemia y actualmente llega al 41% de la población.
Estos datos muestran que las condiciones sociales con las que Argentina entró a la pandemia eran mucho más delicadas que la de sus vecinos y que en el contexto de la crisis sanitaria se profundizaron las diferencias. Si bien por cuestiones metodológicas las cifras no son estrictamente comparables, las diferencias en los niveles y tendencias son muy sugerentes. Con la pandemia, la pobreza subió entre 3 y 4 puntos porcentuales en Chile y Uruguay y 6 puntos en Argentina. La Argentina no solo tuvo peores resultados en términos de muertes sino también en empobrecimiento.
La primera lección es que fue un error tomar medidas tan estrictas sin sostén científico. El fundamentalismo sanitario no evitó muertes y produjo enormes daños económicos y sociales. Con más pragmatismo y humildad los países vecinos no evitaron picos de contagios, desbordes del sistema de salud y muertes. Pero lograron mejores resultados sanitarios y no cayeron en la extravagante paralización de la actividad productiva.
Hay una segunda lección menos visible pero no menos importante. La baja capacidad de gerenciamiento público quita efectividad a los esfuerzos de mitigar las consecuencias sociales del confinamiento. No es que el Estado argentino se desentendió del tema, sino que improvisó multiplicando la ayuda asistencial. A las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) se les entregó la tarjeta alimentaria y, también de manera superpuesta, otros planes asistenciales desde el Ministerio de Desarrollo Social. Se suman a ellos de manera descoordinada los planes provinciales y municipales. Esto no evitó que 11,7 millones de personas se empobrecieran en el 2020 y, lo peor, que los indigentes aumentaran en más de 100.000 personas en el 2021 respecto al 2020, cuando la pandemia cedió y la ayuda asistencial se mantuvo. Una secuencia análoga se observa cuando el gobierno improvisa con un régimen de jubilación anticipada cuando las estadísticas de la ANSES señalan que el año pasado las altas jubilatorias bajaron a la mitad. Es decir, se declama la protección a los desempleados adelantándoles la jubilación, cuando la gente en condiciones normales de jubilarse no puede hacerlo por atrasos administrativos del Estado.
El empobrecimiento con más gasto asistencial no es una derivación exclusiva de los errores por la pandemia. Es fundamentalmente el resultado de la baja capacidad de gerenciamiento público. Con esquemas de gestión obsoletos fatalmente se cae en improvisaciones y oportunismos. Bajo estas condiciones, hasta objetivos espurios como el de “poner platita en el bolsillo de la gente” con fines electorales están condenados al fracaso.
