Claudia Nora “Cali”, Ana Estela y Rita Mabel “Kitty”: las hermanas del diez.
Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona como un presunto homicidio con dolo eventual, citaron a declarar como testigos a las tres hermanas del exastro del fútbol que son particulares damnificadas en el expediente, informaron este jueves fuentes judiciales.
Se trata de Claudia Nora “Cali”, Ana Estela y Rita Mabel “Kitty” Maradona, quienes fueron convocadas por los fiscales de San Isidro Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, para el próximo miércoles.
Como viene sucediendo en esta causa, las declaraciones se harán de manera presencial en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, ubicada en la calle Acassuso 476, en horarios escalonados fijados a las 10, las 12 y las 14 de ese día.
Allí estarán los fiscales y las testigos, mientras que todos los abogados de las partes podrán participar, pero de manera remota, a través de una plataforma digital.
“No tienen nada que ocultar y van a contar toda la verdad de cómo estaba Diego. Lo único que ellas quieren es que si hay algún responsable en la muerte de su hermano, pague por lo que hizo”, dijo a Télam el abogado Alejandro González Nava, que pertenece al estudio de Matías Morla, y representa en esta causa a las tres hermanas citadas como testigos.
Los fiscales también convocaron para el día anterior, es decir el próximo martes, a las 12, al preparador físico Nicolás Italiano.
Este testigo fue mencionado por Luciano “Lucho” Strassera, un abogado ex novio de Gianinna Maradona, que el mes pasado declaró ante los fiscales que entre agosto y octubre del año pasado había sido convocado por el propio “10” para que lo ayudara a entrenarse, aunque no fue posible porque le costaba caminar y lo notaron “muy apagado”.
Italiano era el preparador físico que iba junto a Strassera al country de Brandsen en el que en ese momento vivía el por entonces DT de Gimnasia, para que hiciera ejercicio.
Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro.
Por el caso, hay siete profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión.
Fuente Telam