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IsraelLa causa duerme en un cajón y la justicia no llama declarar al intendente Méndez ni funcionarios ¿Protección?
Lucia Osores murió a causa de la desidia y corrupción en habilitaciones truchas de San Miguel, esta situación hizo posible que se prendiera fuego la noche del 10 de Octubre de 2020 el Bar ZAR de San Miguel, que se encontraba abierto con un “guiño municipal” porque la Provincia de Buenos Aires había prohibido la apertura de lugares de gastronomía por protocolos de pandemia.
El Intendente Jaime Méndez había emitido un decreto “que hoy no aparece”, antes de la apertura decretada por la provincia que adhirió al DNU presidencial.
Dentro de la “precariedad” de la habilitación para funcionar el local gastronómico Zar donde se combinaba alcohol y centros de mesa con fuego, Lucia se prendió fuego y perdió la vida, cuando una mesera cargo un centro de mesa sin apagarlo y en presencia de quienes en ella se encontraban.
A un año del luctuoso hecho, el juez no llamo a los imputados, porque aún no lo hay. Ni el intendente y mucho menos sus funcionarios están llamados a declarar y no se cambió la caratula con la cantidad de prueba presentada, sigue siendo homicidio culposo, cuando debería ser homicidio simple con dolo eventual.
“Carlos Tato Oliverio (Dueño del lugar)se maneja con impunidad y no da respuestas, no se hacen cargo y la municipalidad tapa todo. ¿Porque?”
Los carteles desplegados en la protesta frente a las tribunales de San Martin son claros al respecto, se preguntan porque la Fiscal Verónica Díaz no llama a los funcionarios, claramente piden que no se los proteja más y declare el funcionario Calvente y el intendente Jaime Méndez responsable del área en ese momento, en primer lugar. La causa duerme en un cajón.
La causa federal por el desacato al DNU presidencial en términos de la apertura ilegal de los negocios en San Miguel aún no tiene quien la tome porque están discutiendo la competencia. Nadie la quiere agarrar. Todos se excusan. En San Miguel es vox populi la relación del caudillo Joaquín de la Torre en la justicia de San Martin y la federal. A nadie se le escapa que el actual intendente Méndez es un alto funcionario de la justicia federal con pedido de licencia para ejercer la intendencia.
Es más, este medio fue denunciado en la intención de atemorizarlo, ante el juzgado 8 a cargo del Dr Prato por ocuparse del espinoso tema de las habilitaciones oblicuas. Desde luego llegaremos a la suprema corte o cortes internacionales, de ser necesario.
