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La masacre ocurrió en 1994 cuando dos autos fueron tiroteados por efectivos policiales.
La audiencia preliminar al juicio a nueve expolicías -ocho de los cuales están libres- por la denominada “Masacre de Wilde”, un emblemático caso de “gatillo fácil” ocurrido en 1994 y en el que cuatro inocentes fueron asesinados por efectivos, fue realizada este martes con miras al debate oral que aún no tiene fecha de inicio.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la diligencia duró unas cuatro horas ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, lugar donde todas las partes fijaron sus posiciones respecto de la presentación de pruebas.
El abogado Ciro Annicchiarico, representante de Raquel Gazzanego, viuda de una de los cuatro asesinados, el vendedor de libros Edgardo Cicutín, dijo a Télam que “las defensas volvieron a hacer los mismos planteos de nulidad, de prescripción y de plazos razonables”.
Se realizaron distintas reconstrucciones del hecho a fin de verificar las versiones de los imputados.
“Les contestamos a todos los planteos y se fijó una nueva fecha para una segunda audiencia preliminar para el día 12 de noviembre a las 10 de la mañana”, aseguró el letrado.
Durante la audiencia, la fiscal que estuvo a cargo de la acusación, Viviana Simón; los abogados de las cuatro víctimas y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados detallaron el procedimiento de presentación de pruebas.
Además, Annicchiarico explicó que todavía “hay medidas de instrucción complementarias” que han pedido junto al abogado de la familia de otra de las víctimas, el remisero Norberto Corbo.
“Pedimos un informe adicional a toda la prueba que había ofrecido a la exSIDE, actual AFI, para que brinde al Tribunal toda información relacionada o que encuentre con el nombre Masacre de Wilde porque de ahí pueden salir elementos importantes”, afirmó.
Las defensas lograron ir prorrogando el inicio del debate con diversos argumentos, la última de ellas hace pocos días, pero el planteo fue rechazado por el tribunal.
En varias oportunidades las defensas lograron ir prorrogando el inicio del debate con diversos argumentos, la última de ellas hace pocos días, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.
Los acusados son los expolicías Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Rodríguez, éste último el único detenido ya que se mantuvo prófugo 20 años, hasta el 2014, cuando lo capturaron en Córdoba.
El 5 de marzo del año pasado, la audiencia había sido confirmada por el mismo TOC 3, que rechazó un pedido de postergación del abogado Roberto Fernández, defensor oficial de los imputados.
La “Masacre de Wilde” tuvo como víctimas a Norberto Corbo, Claudio Mendoza, Enrique Bielsa y Edgardo Cicutín.
En esa ocasión, los jueces coincidieron con la posición del querellante Annicchiarico, quien consideró que una nueva postergación “volvería a dilatar la marcha de este proceso, ya de por sí dilatado y entorpecido de manera insoportable desde que la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolviera el 23 de noviembre de 2013 que debía efectivizarse el juicio por atroces hechos”.
Finalmente, el debate volvió a suspenderse ante la pandemia de coronavirus.
La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
Los policías intervinientes en el hecho habían sido detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos, aunque la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó reabrir el expediente.
Fuente Telam
