La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro
Durante su visita a Venezuela el fiscal Karim Khan, quien firmó un memorándum de entendimiento con el dictador chavista, anticipó que avanzará hacia una nueva fase a partir de la pesquisa preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país caribeño
La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma, tras la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan” a Venezuela.
El fiscal de la CPI concluyó el examen preliminar de la situación en el país caribeño y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, según reza un memorándum de entendimiento firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al dictador Nicolás Maduro.
El texto señala que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”. Dicho artículo reza que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)”.
Frente a esa situación, el régimen chavista “considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”, explica el memorándum.
El dictador Nicolás Maduro manifestó que no está de acuerdo con la decisión del fiscal de la CPI
El documento firmado por Khan y Maduro también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
En ese sentido, las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
También “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal” en Venezuela.
Además, han optado por “esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones nacionales”. Finalmente, acordaron “trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo”.
El fiscal de la Corte Penal Internacional expuso sus argumento frente al dictador Maduro y a la cúpula del régimen chavista en el Palacio Miraflores. Durante su intervención, pidió que el trabajo de su oficina no sea politizado. “Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones geopolíticas, nosotros no somos políticos. No guían los principios de legalidad, y el estado de derecho. Les pediré a todos ahora en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo”.
“Francamente analizaré y tendré en cuenta, y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. Cualquier persona, cualquier persona justa debería aplaudir y trabajar con todos aquellos que desean acercarse a la legalidad y enarbolar la bandera de la justicia”, agregó.
Khan firmó en el Palacio Miraflores un memorándum de entendimiento con el dictador Maduro, quien se manifestó en contra de la decisión del fiscal de avanzar la investigación hacia una nueva fase. “El Fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no estamos de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, la respetamos”, indicó el mandatario chavista.
“Me siento complacido que a través de las cartas que acabamos de firmar, estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa e independiente (…) Han sido unos tres días de muchísimo trabajo, de debate franco y abierto. Un diálogo constructivo”, comentó Khan.
La ex fiscal Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían “fundamentos razonables para creer” que se cometieron crímenes de lesa humanidad pero, tras su salida, el caso ha quedado en manos de Khan, quien debe tomar la decisión final.
Bensouda dejó su cargo en la CPI el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe “una base razonable” para creer que se cometieron “crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017″.
En sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso.
“Con respecto a Venezuela, me había comprometido a llegar a una determinación final, en la medida de lo posible, durante el resto de mi mandato. Quizás en anticipación a ese resultado, como habrán visto en los medios de comunicación, una sala de la CPI recibió un expediente del Gobierno de Venezuela solicitando a la Sala que ejerciera control judicial sobre la realización de nuestro examen preliminar. Esto fue presentado de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellas en detalle, aunque el hecho de su presentación ha sido mencionado públicamente por las propias autoridades venezolanas”, escribió Bensouda, una carta de despedida.
En la misiva, la fiscal jefa de la CPI dice que había llegado a una conclusión final sobre la investigación y que estaba preparada para presentarla, pero que con el recurso presentado por el régimen de Maduro, ha decidido esperar la decisión de la sala de la CPI antes de hacer cualquier anuncio.
La CPI mantiene abierto un examen preliminar a Venezuela, desde febrero de 2018, por supuestos abusos a sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Con información de EFE
