Este miércoles se llevaba a cabo una asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras las elecciones presidenciales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo. Guatemala es el país anfitrión de esta asamblea general, bajo el lema «Por una América renovada».
El secretario general Luis Almagro afirmó que el organismo «rechaza los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua». «Insto a países de OEA a responder a esta clara violación de la Carta Democrática (Interamericana) durante su Asamblea» general, agregó, informaron Télam y NA.
Por su parte, Estados Unidos ha manifestado que Ortega «ha impuesto una dictadura basada en el personalismo», afirmó el secretario adjunto para asuntos de las Américas en el Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga. La asamblea se realiza de forma virtual hasta el viernes por la pandemia del coronavirus, que ha dejado a la luz las desigualdades regionales en la vacunación.
En cinco meses, las autoridades nicaragüenses ilegalizaron a tres partidos y detuvieron a 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas, que se sumaron a los 120 opositores presos desde las protestas de 2018 que reclamaban la renuncia de Ortega y que dejaron cientos de muertos.
En junio, el organismo resolvió «reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos». En esa oportunidad, Argentina había optado por la abstención, junto con Bolivia y México. En junio se había manifestado por primera vez la «grave preocupación» de la OEA por la situación política en Nicaragua.
El pasado 20 de octubre, el organismo internacional votó por mayoría, con 26 votos, una resolución en la que se manifestó la «grave preocupación» por lo ocurrido en Nicaragua. Esa resolución, nuevamente no fue acompañada por Argentina, que mantiene la línea de los últimos tiempos en cuanto a Nicaragua. El Gobierno del presidente Alberto Fernández fue una de las siete abstenciones que no se expresaron sobre la situación del gobierno de Ortega.
Fuente: El Intransigente
