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Por Ricardo Roa
La Corte ahora le pide explicaciones a una oficina de la Corte que se puso a hacer inteligencia en las redes.
Los trece crímenes en tan sólo una semana de La Matanza no son delitos complejos. Nos estamos enterando ahora que delitos complejos son las declaraciones de ex funcionarios y políticos en las redes. Y para este delito nunca declarado como tal, hay una oficina rastreadora de la Corte a la que la Corte acaba de pedir explicaciones de por qué estaba espiando declaraciones de ex funcionarios y políticos en las redes.
Autora de esta exótica investigación a lo Superagente 86 es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema (DAJuDeCo), que rastrilló en Twitter y portales opiniones negativas sobre la camarista Ana Figueroa y la ex procuradora Gils Carbó, entre otras notorias figuras K.
DAJuDeCo tiene unos 350 agentes: es la ex Ojota, la oficina de las escuchas que ordenan los jueces y que pasaron a la Corte después de denuncias y memorables tormentas políticas. El fiscal Picardi, que intenta probar que el macrismo armó una mesa judicial para perseguir kirchneristas, le pidió que releve “manifestaciones de funcionarios públicos o allegados a la gestión de gobierno” macrista con “expresiones de connotaciones críticas, peyorativas y/o descalificantes en términos profesionales y/o personales” desde agosto del 2015 a diciembre del 2019. No tiene nada que ver con DAJuDeCo ni con las escuchas. Pero el pedido fue aceptado. En esto gastan los recursos del Estado.
Picardi pudo haber usado empleados de su fiscalía o contratar a cualquiera de las muchas agencias dedicadas a las redes. Pero necesitaba legitimar el patrullaje ideológico. Y ahí se entiende que buscara sacar chapa con peritos de la Corte. Lo que no se entiende es por qué hubo quienes accedieron al pedido. Para eso hay que rastrear la historia del fiscal y la historia de lo que está pasando en la Corte.
En todo esto hay un cierto aire de familia con la decisión del juez Ramos Padilla de acudir a la Comisión de la Memoria para que auditara notas de periodistas y dijera si eran operaciones de acción psicológica. La comisión creada para investigar crímenes de la dictadura hizo lo que Ramos Padilla le pedía. Que una comisión provincial cruce umbrales tenebrosos no es lo mismo que lo haga un organismo de la Corte.
Un dato que acerca el bochín: Picardi es de Mercedes, al igual que su amigo Wado de Pedro, ministro y uno de los jefes de La Cámpora que lo nombró en la secretaría de Justicia de Julián Alvarez y después lo llevó a fiscal. De Pedro compartía estudio jurídico con Alvarez y los dos trabajaban con Juan Martín Mena, vice ministro de Justicia y segundo de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Cristina.
Más aires de familia. El otro dato clave hay que buscarlo en la misma Corte. Y dice que a cargo de la DAJuDeCo está Javier Leal de Ibarra, juez de Comodoro Rivadavia y presidente de las Cámaras de Apelaciones del país. Es filokirchnerista y amigo de Ricardo Lorenzetti, que después de perder la batalla por recuperar la presidencia de la Corte, se ha acercado al gobierno.
Fuente Clarin
