Por Germán de los Santos
El operativo se realizó poco después de un procedimiento contra la cúpula de Los Monos
En medio de una de las crisis más agudas en materia de violencia narco en Rosario, dos fiscales de Santa Fe allanaron este viernes las sedes del Ministerio de Seguridad en el marco de una causa en la que se investiga supuestas irregularidades en un llamado a licitación para la compra de armamento y presunto espionaje ilegal contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
Funcionarios del Organismos de Investigaciones, área que dirigía el exministro Marcelo Saín hasta hace tres semanas, realizaron los allanamientos en los edificios gubernamentales de Santa Fe y Rosario. Fueron allanadas varias oficinas, entre ellas, las del secretario de Seguridad Germán Montenegro, que llegó a Santa Fe con la gestión del exdiputado bonaerense.
Los allanamientos se producen en un contexto muy particular y bajo extremo hermetismo. Después de la ola de atentados a balazos -situación por la que se apunta a la banda de Los Monos-, se agudizaron las tensiones internas en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El jueves, Montenegro estaba cerca de renunciar a su cargo en esa cartera, después de desavenencias con el ministro Jorge Lagna sobre cómo abordar las estrategias de seguridad pública, en medio de una crisis similar a la que eclosionó cuando fue atacada la casa del exgobernador Antonio Bonfatti en octubre de 2013.
Como consecuencia de este clima hostil dentro del área de Seguridad en los allanamientos que realizó este viernes Gendarmería no se dio aviso a la policía de Santa Fe por las desconfianzas que existen hacia la fuerza, que se sospecha que liberó la zona donde se produjo el atentado a balazos al restaurante El Establo el domingo pasado.
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Esta causa judicial, sobre supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la compra de armas está en manos de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA). También estos funcionarios tienen otro caso paralelo sobre supuesto espionaje que se habría perpetrado durante la gestión de Marcelo Saín en el Ministerio de Seguridad.
En el operativo -ejecutado por el Organismo de Investigaciones- se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios y documentación. El conflicto por la compra de armas se originó en febrero del año pasado por un planteo que realizó la firma Bersa S.A. que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya participó en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial. La licitación nunca se concretó.
Bersa interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” tras sostener que “no solo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”. Ese único oferente era una empresa israelí que tiene sede en Argentina y produce armamento especializado.
Fuente La Nacion
