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El doctor Gonzalo Miño aseguró que en 2021 hubo una ‘andanada de causas nuevas’ y apercibió duramente a los militares en libertad que se desentienden de sus compañeros detenidos. “El proyecto original es detener a 10 mil”, dijo.
La situación en torno a los denominados juicios de lesa humanidad, durante todo el año 2021, ha sido –textualmente- MÁS de lo mismo. El doctor Gonzalo Miño, abogado penalista de la ciudad de Rosario, señaló al sitio davidrey.com.ar que los encargados de llevar adelante estos procesos actualmente se encuentran «rascando el tarro» en función de encontrar nuevas causas que den lugar a nuevos juicios. En fin, hay circo para rato.
«El año 2021 cierra con una andanada de casos nuevos en la provincia de Santa Fe», precisó Miño. «Están rascando el fondo del tarro. Ahora la moda del Ministerio Público Fiscal es abrir causas sobre controles de rutas que hayan tenido lugar en la década de los 70». De esta manera, toda aquella persona que haya tenido la más mínima participación en algún operativo por el estilo (hace más de cuarenta años) se encuentra, por decirlo de algún modo, en libertad condicional.
El entrevistado relató el ejemplo de «un control de ruta (en Santa Fe), donde cinco personas, en lugar de identificarse ante el Ejército, comenzaron un tiroteo donde murieron dos de los atacantes. Obviamente ahora están imputados todos los miembros del Ejército. Y ya hay un sargento preso»… por el simple hecho de haber cumplido con su trabajo y por un caso que, dado el tiempo transcurrido, ya prescribió hace muchos años. Como vemos, la misma historia de siempre.
Al momento, según datos de la Unión de Promociones, 2540 militares, policías y civiles han sido privados de su libertad por estar relacionados, directa o indirectamente, con la “guerra sucia” que se vivió hace ya casi 50 años. 690 son, pues, los detenidos que han muerto en cautiverio. No obstante, el penalista consultado supo precisar que, originalmente, «la cifra que persiguen» es de más de 10 mil detenciones. Es decir, se las tienen jurada a las Fuerzas Armadas y nada parece aplacar esa sed de venganza que, por otro lado, les rinde jugosos dividendos tanto a jueces, fiscales como a presuntas «víctimas» de entonces. «Es un negocio redondo, ni siquiera se despeinan y se llevan fortunas», confió Miño.
¿Y qué hay de enjuiciar a los terroristas también?
«Los hechos ocurridos en los años setenta se corresponden con una guerra interna, por lo tanto estamos hablando de hechos ‘no judiciables’», indicó Miño, para aclarar que «los hechos están prescriptos, tanto para un bando como para otro, además de que no se puede aplicar para hechos ocurridos en tiempos de guerra una legislación para tiempos de paz». Pero inmediatamente retrucó: «Si la justicia, sin embargo, tomó esta postura de abrir los juicios y de investigar los hechos, seamos coherentes, entonces, e investiguemos todos los hechos. De cualquier otra manera, le estamos mintiendo a la gente» con un relato donde los militares eran los malos y los subversivos eran los «buenos» o los «jóvenes idealistas».
Respecto de todo lo acontecido realmente en los 70, el doctor Miño resumió sin complicaciones: «Se trató claramente de un enfrentamiento armado entre dos grupos. Por un lado, las Fuerzas Armadas representaban a la república, al estado de derecho y a la Constitución Nacional, y, por otra parte, los grupos terroristas querían -y ellos mismos lo dicen- instaurar una dictadura al estilo cubana porque ellos descreían de la democracia, a la que consideraban una ‘herramienta de la burguesía’. Empuñaron las armas para este propósito y formaron ejércitos inclusive. Todo el arco político, en 1975, apoyó al Ejército Argentino cuando fueron a combatir a Tucumán. Todo el mundo quería terminar con el flagelo del terrorismo».
Un cumbianchero… con más agallas que muchos camaradas
Consultado respecto de un polémico artículo que Miño escribió recientemente, publicado en PrisioneroEnArgentina.com («El Dipy: la vergüenza de militares y policías retirados»), y en donde el abogado ponderó que el cantante de cumbia conocido como «Dipy» haya contado por televisión parte de lo acontecido en los 70 pero desde el lado «políticamente incorrecto» (es decir, remitiéndose a la verdad de los hechos) al tiempo que muchos «camaradas» prefieren guardar silencio y mantener distancia del tema, nuestro invitado agregó que «con ese artículo se dio un extraño fenómeno. Casi todos los militares que están en libertad me reputearon de arriba a abajo. Y todos los militares que están presos, me llamaron para felicitarme. Nunca me había pasado algo así».
Miño ahondó al respecto: «¿Cómo puede ser que el Dipy diga eso, y que los militares que ven a sus compañeros presos no lo dicen? Mi intención solamente fue hacer un llamado de atención a los camaradas: que sepan que hay compañeros suyos que se están pudriendo en una cárcel y que necesitan del llamado, la contención y la asistencia de aquellos que están libres. Ni siquiera pedirles plata, aunque sea ir a verlos, compartir un mate. Eso es lo que necesitan, que sientan que no los han abandonado«.
«El coronel Guillermo Viola una vez me dijo», prosiguió, «que todos los militares estamos en libertad condicional. En cualquier momento, cualquiera que haya prestado servicio en aquella época puede ir preso. El proyecto original que tienen los grupos de ‘derechos humanos’ es de 10 mil militares presos. Lo están llevando a cabo».
Queda invitado el lector a apreciar la entrevista al doctor Gonzalo Miño ya que presenta pasajes «imperdibles», desde el caso que nos contó de un fiscal y una querellante que son marido y mujer a otro fiscal que utiliza una remera con el rostro de un acusado de cometer el atentado terrorista más importante de los años 70. Por cosas como estas, y muchas otras más, es que estamos inexorablemente obligados a pensar que Argentina, al día de hoy, registra 2540 PRESOS POLÍTICOS ARGENTINOS.
