Según la abogada, “esa tarea consiste en observar o espiar, por ejemplo, algún galpón con mercadería robada o un quiosco de venta de drogas, o un posible desarmadero”, pero consideró que “en vez de elevarlo al juez de turno para que actúen, lo hacen para recaudar y extorsionar”.
Verdú dijo que los integrantes de las brigadas “o se hacen socios (en el delito) o les cobran peaje (a los delincuentes)”.
“Por el otro lado está la extorsión propiamente dicha de la venta de seguridad a los comerciantes del barrio. Les venden el servicio de vigilancia”, indicó Verdú y añadió: “Todo eso está probado en infinidades de causas”.
En tanto, la referente de Correpi señaló que vienen reclamando desde hace años “medidas anti represivas que reducirían drásticamente algunas modalidades”.
“Solamente con las dos primeras no hubiera pasado lo de Lautaro Rose (en Corrientes), lo de Lucas González (en Barracas) ni lo de Alejandro Martínez (en San Clemente). Primero que cumplan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio y eliminen todas las formas de detenciones arbitrarias”, exigió.
Verdú se refirió a “las prácticas normadas, como las detenciones por averiguación de antecedentes para identificar o los arrestos por contravenciones y las no normadas como las razzias o los operativos como este (el caso de Lucas) o las detenciones al voleo en las marchas o en los partidos de fútbol”.
“Solo con esa medida, la mitad de las personas que murieron en un calabozo de una comisaría en los últimos 18 años estaría viva”, afirmó.
Además, pidió la “prohibición de la portación y el uso del arma reglamentaria cuando no están identificados como policías, gendarmes o prefectos”, con lo que, sostuvo, “se bajaría a más de la mitad el ‘gatillo fácil'”.
Fuente Ambito
