Hasta el 31 de diciembre próximo pueden presentarse propuestas en la página web del CES y las cinco mejores iniciativas recibirán un aporte económico de hasta un millón de pesos para profundizar el diseño de esa potencial política pública.
Así, el Gobierno busca amplificar experiencias como la del Programa Economía Circular Re-Rafaela, donde el trabajo común de una década entre el municipio santafesino y tres cooperativas recicladoras se terminó convirtiendo en un desarrollo empresario exitoso.
En la ciudad de San Justo, por ejemplo, una empresa se asoció con un grupo de vecinos para retirar litros de aceite de cocina usado, con el objetivo de convertido luego en biodiesel y colaborar en la defensa del medio ambiente.
En la mirada del CES esas acciones podrían convertirse en emprendimientos formales con rédito económico, generadores de empleo genuino, si el Estado instruye, intensifica y visibiliza sus políticas.
“El Estado tiene herramientas, pero a veces el problema es que no se las conoce o no han sido utilizadas en mucho tiempo o quizá deban reformularse para adecuarse a los tiempos y los territorios, entonces, nada mejor que sean los propios actores los que propongan y demanden”, reflexionó.
“Qué se produce, cómo se produce, qué marco normativo se necesita, qué tipo de capacitación es prioritaria, con qué recursos se cuenta, qué puede poner el Estado, qué aportan los gremios y los privados, esa es la clave de la convocatoria, se trata de presentar ideas”, graficó.
Otro de los ejemplos que sobrevuela en el propósito de formalizar el trabajo son las Sapem (las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria) con la idea de optimizar su gestión a nivel provincial y municipal.
Se trata, en definitiva, de generar propuestas que vinculen el mundo de la producción y el trabajo con las universidades y los gobiernos locales para poder avanzar también en otro propósito, el de convertir la ayuda social en trabajo genuino.
“Se busca incentivar la generación de trabajos con remuneraciones adecuadas y acceso a derechos laborales; el desafío es reorientar la inversión estatal para la incorporación al empleo de poblaciones vulnerables”, señala la convocatoria del Consejo.
La mirada está puesta en el 33% de la población activa de los 31 aglomerados urbanos del país que no tiene derechos laborales.
A ese universo de 4 millones de personas -de los cuales sólo 1 millón recibe subsidios del Gobierno- hay que sumar la población rural o de urbes pequeñas que, en algunas regiones, tienen un peso significativo.
El CES trabaja sobre estos registros contenidos en un informe elaborado por el Centro de Investigación Citra, integrado por el Conicet, la Umet y organizaciones sociales, gremiales y empresarias.
Esas estadísticas, que incluyen sólo a quienes tienen un nivel de ingresos igual o inferior a 1,5 salario mínimo vital y móvil, están apoyadas en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y en registros laborales del 2020 de 31 aglomerados urbanos del país, con la convalidación de las organizaciones territoriales y sociales.
Según ese informe, en el cuarto trimestre del año pasado, se registró un total de 4.278.751 personas en las siguientes subcategorías de informalidad:
- Cuentapropistas no profesionales: 2.277.902
- Desocupados no profesionales: 305.029
- Servicio doméstico no registrado: 302.022
- Asalariados con subsidios del Gobierno: 1.333.055
- Trabajadores familiares sin remuneración (no profesionales): 60.743
Para esos segmentos, también, está pensada la convocatoria del Consejo Económico y Social a sumar ideas al Estado.
Los encargados de evaluar los proyectos que se presenten son representantes de instituciones como la OIT, cámaras, asociaciones y federaciones que integran el CES, Universidades (UBA, Unnoba, UMET), representantes de provincias y municipios y de los ministerios de Producción, Trabajo y Desarrollo Social.
Fuente Ambito
