Argentina
España
USA
Israel
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos anunció ayer la conformación de un equipo técnico para activar el proceso de demarcación territorial de los terrenos del Chaco salteño que la organización indígena Lhaka Honhat (Nuestra Selva) reclama desde hace más de 35 años, según se informó oficialmente.
El anuncio se realizó en el marco de la reunión de la Mesa de Gestión Territorial realizada el martes en Santa Victoria Este, provincia de Salta, donde se sentenció que “esta decisión permitirá avanzar en la coordinación de acciones que redunden en el genuino cumplimiento de la sentencia de la Corte-iDH, respetando la participación de las poblaciones afectadas”, según indica el documento oficial.
El equipo que llevará a cabo el proceso de demarcación del territorio de 400.000 hectáreas que abarca los ex lotes fiscales 55 y 14 estará compuesto por integrantes de la Unidad Ejecutora de la sentencia, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, funcionarios de organismos provinciales y equipos técnicos de las comunidades indígenas y criollos.
La Corte encontró al Estado argentino responsable por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria y a la identidad cultural de las comunidades indígenas en la disputa por 643.000 hectáreas en la localidad de Santa Victoria Este, del departamento salteño de Rivadavia, considerada una de las zonas más pobres del país.
Además, ordenó medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena.
En este sentido, desde el CELS detallaron que el planteo incluye la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan el acceso al agua, la delimitación y la titulación de los territorios, además de una planificación integral para el cumplimiento de la sentencia.
En abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia a favor de las comunidades indígenas asociadas en la Lhaka Honhat contra el Estado nacional.
Las comunidades indígenas que realizaron el reclamo pertenecen a los pueblos wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete, de la provincia de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia, los que según la CIDH tienen derecho a su propiedad ancestral en ese territorio al norte de Salta y a un título único para las 400.000 hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14, en Rivadavia.
Esas tierras también fueron ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado, a la vez que en la zona se constató presencia indígena constante, al menos desde 1629.
En su sentencia, la Corte-IDH determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotarla de seguridad jurídica y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos” en el territorio, aun cuando el reclamo de propiedad lleva más de 28 años.
El organismo también concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria.
Para la Corte, la violación a los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a una alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades, resultaron lesivas para los pueblos originarios.
Ante la falta de respuesta al reclamo indígena, que data de 1984, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat -con el patrocinio del CELS- hizo la denuncia ante la CIDH, que en 2012 dictó su informe de fondo en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso reparaciones.
Para el cumplimiento de este fallo es que fue creada una unidad especial, a cargo de Nicolás Moszkowski Rapetti, quien ya se reunió con las comunidades originarias y autoridades provinciales.
La Unidad tendrá la finalidad de trabajar de manera mancomunada con el comisionado de la Unidad Ejecutora Provincial, a cargo del ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, y con las áreas gubernamentales con competencia en la materia, para poder cumplir con las medidas resarcitorias establecidas en el fallo.
Fuente Ambito
