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En ese artículo tercero “se exponen varios puntos considerados actos de crueldad, el que correspondería en este caso es el séptimo punto: ‘Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad'”.
Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace aseguró al respecto: “Las topadoras pasaron por encima de la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, en una zona de alta densidad de nidos. Esto es un verdadero crimen ambiental que constituye un delito penal y debe ser investigado y sancionado como tal. El daño generado es irreversible y la justicia debe actuar conforme a la gravedad de los hechos”.
Por otro lado, Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación Argentina de Abogados/ as Ambientalistas expresaron:” Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración”.
En el texto se pide se disponga el “traslado inmediato de los ejemplares afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal, se presente un plan de reinserción de los pingüinos por parte de las autoridades de la Reserva, en un plazo de 5 días, y se realice un ficha médica por cada pingüino asesinado y herido y se designe un equipo de expertos para hacer el seguimiento de la evolución de estos”.
Pide que la Administración de la Reserva “diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal” y a las autoridades de Chubut “establecer mecanismos sancionatorios agravados frente a prácticas que dañen a los pingüinos y la diversidad biológica”. En tanto, también especifica que el imputado debe ser agregado al registro de infractores ambientales.
Ambas organizaciones recuerdan en su denuncia la importancia de la sanción de un proyecto de ley que presente la incorporación de un Capítulo Penal Ambiental dentro del Código Penal Argentino, porque el país no tiene regulaciones penales-ambientales que respondan a casos de esta magnitud.
Fuente Ambito
